La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de 11 senadores el pasado 19 de junio, en aplicación del artículo 38 de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, vigente desde enero de 2026, que establece inhabilidades absolutas para funcionarios electos y designados que mantengan vínculos societarios con empresas que contraten con el Estado.
La suspensión de los registros proveedores impide a esas empresas vinculadas a los legisladores participar en procesos de compras y contrataciones del Estado dominicano mientras sus titulares permanezcan en funciones. La medida afecta directamente la cadena de proveedores públicos, dado que las contrataciones estatales representan una fuente significativa de ingresos para el sector privado formal.
La DGCP aclaró en una nota de prensa que la acción no constituye una sanción administrativa ni una medida punitiva, sino una disposición de carácter preventivo orientada a preservar la integridad del RPE. El órgano rector señaló que sus equipos realizan cruces de datos y tareas de verificación y debida diligencia de forma rutinaria, y que el resultado quedó plasmado en el acto administrativo núm. DGCP44-2026-002421.
El nuevo marco legal marca una diferencia sustancial respecto a la normativa anterior. La derogada Ley 340-06 permitía la participación accionaria de funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, incluyendo legisladores, siempre que no superara el 10% del capital societario. La Ley 47-25 elimina ese umbral y prohíbe cualquier porcentaje de participación, así como el ejercicio de funciones de dirección, gerencia o membresía en consejos de administración.
Antes de actuar de oficio, la DGCP había emitido el 13 de febrero la circular núm. DGCP44-PNP-2026-001, otorgando un plazo de 15 días hábiles a los funcionarios y servidores del Estado incursos en causales de inhabilidad para que solicitaran voluntariamente la suspensión de su RPE. Vencido ese plazo sin respuesta, el organismo procedió a la suspensión automática conforme al artículo 69 del Reglamento de Aplicación núm. 52-26.
En lo que va de 2026, desde la entrada en vigencia de la Ley 47-25, la DGCP ha emitido tres actos administrativos —identificados como DGCP44-2026-000893, DGCP44-2026-001477 y DGCP44-2026-002424— que ordenan la suspensión de oficio de 81 RPE correspondientes a funcionarios electos y designados. Los documentos están disponibles en la página web del organismo.
El volumen contrasta con el período 2020-2025, durante el cual la DGCP emitió un acto administrativo y tres resoluciones que suspendieron el RPE de 591 funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, autoridades municipales electas en el período 2024-2028 y sociedades comerciales relacionadas, bajo el artículo 14 de la derogada Ley 340-06.
El siguiente punto de atención es la respuesta formal de los senadores afectados y si alguno de ellos opta por desvincular su participación societaria para rehabilitar el registro. La DGCP no ha indicado si prevé emitir nuevos actos administrativos en los próximos meses, aunque el proceso de verificación y debida diligencia continúa de forma permanente sobre el universo completo del RPE.
