El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) suspendió contratos a 14 suplidores del programa de desayuno y almuerzo escolar después de que reinspecciones revelaran cocinas inexistentes, capacidad instalada insuficiente y deficiencias sanitarias graves, en medio de una licitación multimillonaria que cubre los años lectivos 2026-2027 y 2027-2028.
La suspensión de contratos del INABIE expone una paradoja incómoda: si esas deficiencias existían desde antes, ¿cómo pasaron la evaluación inicial y recibieron adjudicaciones? Esa es la pregunta que está en el centro del caso, porque los fondos involucrados son públicos y los beneficiarios son niños y jóvenes en edad escolar. Una mala cadena de suministro no solo dilapida recursos; compromete la continuidad y la inocuidad del servicio de alimentación.
Qué encontraron las reinspecciones
Entre los hallazgos documentados por la institución se cuentan establecimientos cerrados sin evidencia de producción, cocinas desmanteladas o que no correspondían a la dirección declarada en la oferta, cambios de domicilio y remodelaciones realizadas sin autorización previa del INABIE, e incumplimientos de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), la norma mínima que regula higiene, procesos y trazabilidad en la producción de alimentos.
También se detectaron discrepancias entre la capacidad prometida en el momento de licitar y la capacidad real observada en la inspección posterior, además de la ausencia de controles documentales básicos. En varios casos, la empresa simplemente no operaba.
Las denuncias sobre el pliego de condiciones
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que una modificación introducida en enero de 2026 al proceso INABIE-CCC-PLN-2025-0045 eliminó exigencias que servían para verificar la experiencia y la solidez financiera de los participantes: facturas de servicios previos, evidencia de inversión en equipos y estados de movimientos financieros de los seis meses anteriores. Al retirar esos filtros, según la denuncia, se habría facilitado que empresas sin historial operativo pudieran ganar contratos.
Es importante precisar que esta es una acusación política que aún no ha sido corroborada por ninguna instancia judicial o de control. No equivale a una prueba de delito. Lo que sí está establecido es que el pliego original fue publicado en noviembre de 2025 y la adjudicación se produjo cerca del inicio del año escolar, un calendario que los críticos señalan como propicio para reducir la competencia efectiva y debilitar los controles previos, ya que los compradores de urgencia tienen menos margen para rechazar ofertas débiles.
Empresas jóvenes y contratos millonarios
Otro frente del cuestionamiento apunta a que varias de las empresas adjudicatarias fueron constituidas recientemente o están dirigidas por personas de entre 19 y 24 años. Contratos individuales reportados rondan los RD$48 millones, RD$38 millones y más de RD$24 millones; en conjunto, los casos señalados superan los RD$110 millones.
La discusión pública no gira en torno a la edad de los propietarios como tal, sino a si esas empresas contaban con experiencia acreditada, capital de trabajo, cocinas equipadas y logística suficiente para producir y entregar alimentos a escala masiva, de forma diaria y sostenida. Para ganar un contrato de alimentación escolar no basta con estar legalmente constituido: la empresa debe demostrar capacidad real de producción y distribución de alimentos inocuos.
La posición del INABIE
La dirección del INABIE ha argumentado que las suspensiones demuestran precisamente que sus mecanismos de supervisión están activos y que las reinspecciones pueden activarse incluso durante la ejecución de los contratos. La institución señala que las medidas se respaldan en el artículo 231 del Decreto 416-23, reglamento de aplicación de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
Además, ha defendido que el hecho de que una empresa sea nueva o esté dirigida por jóvenes no justifica su exclusión automática, siempre que esté formalmente constituida y cumpla los requisitos del pliego. También ha reconocido que los procesos cuestionados están bajo investigación para determinar si hubo incumplimientos.
La clave de lo que viene es si el INABIE, la Dirección General de Contrataciones Públicas o los órganos de control concluyen que los problemas se limitaron a incumplimientos de proveedores individuales, lo que llevaría a sustituciones, sanciones e inhabilitaciones, o si las investigaciones confirman manipulación de requisitos, información falsa en las ofertas, favoritismo en la evaluación o responsabilidades de orden administrativo y penal dentro de la propia institución.
