Santo Domingo. – El Pleno del Senado aprobó este jueves en primera lectura el Proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, una iniciativa que fue previamente remitida por la Cámara de Diputados y que propone una reforma integral del régimen jurídico que rige las compras del Estado.
La propuesta legislativa fue sometida por los diputados Franklin Ramírez de los Santos, Dilenia Altagracia Santos Muñoz, Gabriela María Abreu Santos y María de los Ángeles Rodríguez Bonseñor, quienes plantean con esta normativa una transformación sustancial en los principios, procedimientos y controles de las contrataciones públicas.
Un marco legal para mayor eficiencia y transparencia
Este proyecto de ley tiene como finalidad establecer un régimen jurídico claro que regule las contrataciones del Estado dominicano, garantizando el uso eficiente de los fondos públicos, la satisfacción del interés general y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La normativa introduce de forma transversal criterios de desarrollo sostenible, fomenta el uso de tecnología en los procesos y fortalece la capacidad regulatoria del órgano rector, en este caso, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Uno de los puntos clave es la ampliación de los mecanismos de control, lo que permitirá alcanzar mayores niveles de transparencia en la gestión pública.
Nace el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas
Una de las principales innovaciones que contempla el proyecto es la creación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, el cual estará bajo la rectoría de la DGCP. Este sistema combinará centralización de políticas y normas con una descentralización operativa, permitiendo que las instituciones ejecutoras mantengan su autonomía, pero bajo reglas comunes y supervisión efectiva.
Convenios marco, medios electrónicos y nuevos umbrales
La pieza legislativa incorpora los llamados convenios marco, un modelo que busca agilizar y simplificar los procesos de adquisición a través de acuerdos previos con proveedores, que faciliten la contratación posterior de bienes o servicios.
Además, la ley establece la obligatoriedad de realizar actuaciones electrónicas para todos los actores del sistema: convocatorias, presentación de propuestas y demás gestiones deberán ejecutarse mediante plataformas digitales, fortaleciendo la trazabilidad y reduciendo la discrecionalidad en los procesos.
También se definen nuevos criterios para la asignación de recursos, tasas por servicios, inhabilidades para contratar, y se establecen porcentajes permitidos y umbrales topes de contratación, con el objetivo de mejorar la planificación y ejecución de los presupuestos institucionales.
Próximos pasos
Tras esta aprobación en primera lectura, el proyecto deberá ser conocido en segunda lectura en el Senado. En caso de ratificación, pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Esta reforma representa un paso significativo hacia un modelo más moderno, transparente y digitalizado de compras públicas, alineado con las mejores prácticas internacionales.
