El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholití), advirtió que el nuevo Código Penal podría usarse para persecución política si el Ministerio Público no opera con plena independencia institucional.
La advertencia del legislador coloca sobre la mesa una tensión central del debate jurídico dominicano: las reformas penales más robustas pueden volverse herramientas de represalia si los órganos que las aplican responden a intereses partidistas. Una fiscalía subordinada al poder de turno convertiría la norma en un instrumento de control político, no de justicia.
La alerta en el panel de ADOCCO
Barón Duluc realizó sus declaraciones durante el panel «Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal», organizado por la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO). Allí alertó sobre los riesgos de aplicar la normativa con fines partidistas.
«El nuevo Código sería un mecanismo muy fácil de destruir personas, de destruir enemigos, de hacer daño político», afirmó el senador en su intervención.
El legislador reconoció los esfuerzos del Gobierno del presidente Luis Abinader para fortalecer la independencia del Ministerio Público, pero advirtió que una administración futura podría revertir esos avances. A su juicio, la aplicación efectiva de la reforma requiere órganos de persecución independientes y criterios jurídicos claros que eviten actuaciones arbitrarias.
Plan piloto para fortalecer el Congreso
Más allá de la alerta sobre el Ministerio Público, Barón Duluc propuso implementar un plan piloto para fortalecer las funciones de fiscalización y control del Congreso Nacional, mediante mecanismos que permitan exigir informes y rendición de cuentas a los funcionarios públicos.
El senador sostuvo que el Poder Legislativo ha concentrado históricamente sus esfuerzos en representar a la ciudadanía y aprobar leyes, sin desarrollar suficientemente sus atribuciones de supervisión. Una fiscalización legislativa más activa, argumentó, contribuiría a prevenir irregularidades y reducir los casos de corrupción antes de que ocurran, en lugar de limitarse a perseguirlos después.
El debate sobre el nuevo Código Penal y la independencia del Ministerio Público seguirá siendo un termómetro de los equilibrios institucionales en el país, especialmente en la perspectiva de futuros cambios de gobierno.
