DIARIO FINANCIERO.- La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó en primera lectura el proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios el 25 de junio de 2025. Esta iniciativa, impulsada por el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, busca modernizar y regular las relaciones jurídicas entre propietarios e inquilinos, estableciendo un marco legal más claro y equilibrado para el sector inmobiliario.
Proceso legislativo y participación ciudadana
La aprobación fue en primera lectura, lo que significa que el proyecto aún debe pasar por una segunda lectura en la Cámara de Diputados y luego ser revisado por el Senado antes de convertirse en ley definitiva.
Antes de la segunda lectura, se realizarán vistas públicas para que distintos sectores sociales y ciudadanos presenten observaciones y sugerencias sobre el proyecto, buscando un consenso amplio y transparente.
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Principales disposiciones del proyecto de ley
Regulación de contratos y derechos
El proyecto regula las condiciones y obligaciones jurídicas entre inquilinos y propietarios, incluyendo contratos de renta, desahucios y resolución judicial de conflictos.
Se establecen los derechos y deberes de ambas partes, como la obligación del propietario de entregar recibos de pago, especialmente si se reciben en moneda extranjera, y la responsabilidad del inquilino de pagar puntualmente y mantener la propiedad en buen estado.
Depósitos de alquiler
Los depósitos de garantía deberán ser entregados por el propietario a una entidad bancaria ubicada en la zona del inmueble, acompañados de una copia del contrato de alquiler. El banco notificará al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones para fines estadísticos y de control del déficit habitacional.
Embargo y desalojo
El propietario podrá ejecutar un embargo retentivo sobre bienes del inquilino moroso para asegurar el cobro de la deuda.
Se crea una jurisdicción especializada para ejecutar desahucios en un plazo máximo de dos meses en casos de impago.
Sanciones y penalidades
El desalojo de un inquilino sin agotar el debido proceso judicial podrá acarrear penas de tres a cinco años de prisión para el propietario, además de multas de 10 a 20 salarios mínimos del sector público.
Los abusos cometidos por alguaciles o abogados en este contexto serán sancionados disciplinariamente por la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría.
Impacto y próximos pasos
La aprobación en primera lectura representa un avance significativo hacia la creación de un mercado de alquiler más estructurado y seguro tanto para propietarios como para inquilinos. Sin embargo, la ley aún no está vigente: debe superar la segunda lectura, ser aprobada por el Senado y promulgada por el Poder Ejecutivo.
El proceso de vistas públicas y la apertura al debate social buscan garantizar que la ley refleje las necesidades y preocupaciones de todos los actores involucrados en el mercado inmobiliario dominicano
