El nuevo Código Penal se consolidó como el principal legado de la legislatura 2025-2026 del Congreso Nacional, una modificación esperada durante décadas que entrará en vigor el próximo 3 de agosto. La reforma encabeza un paquete de cambios normativos que redefinen áreas estratégicas del Estado dominicano.
Durante el acto conjunto de rendición de cuentas, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sostuvo que la actualización del Código Penal coloca a la República Dominicana “a la altura de las circunstancias del siglo XXI”, al sustituir una legislación rezagada frente a las nuevas modalidades delictivas, especialmente los delitos tecnológicos. El legislador afirmó que la reforma dota al sistema de justicia de herramientas más acordes con la realidad actual y representa uno de los mayores logros del período.
La reforma penal formó parte de un ciclo de cambios impulsados durante la legislatura de agosto 2025 a agosto 2026, en la que el Senado aprobó 416 iniciativas, de las cuales 122 correspondieron a proyectos de ley y 58 fueron posteriormente promulgadas por el Poder Ejecutivo, en uno de los períodos de mayor producción legislativa de los últimos años.
Entre las iniciativas de mayor impacto figuran la modificación del Código Penal; la reforma al Código Procesal Penal para armonizar el sistema de persecución penal; la creación del Ministerio de Justicia; la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas; la Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional; la Ley de Intermediación Inmobiliaria y Publicidad Engañosa; y las modificaciones a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos para fortalecer los controles sobre el financiamiento político.
También se aprobaron los cambios a la Ley 118-21 para facilitar la terminación de obras públicas paralizadas, además de iniciativas de carácter económico y presupuestario, como la Ley de Presupuesto General del Estado para 2026 y otras medidas orientadas al crecimiento económico.
De los Santos atribuyó los resultados al trabajo coordinado entre ambas cámaras y destacó que el Senado agotó la totalidad de las 60 sesiones convocadas durante el período, además de miles de horas de trabajo en las comisiones legislativas. Según afirmó, ese desempeño permitió construir consensos para aprobar reformas consideradas prioritarias para la institucionalidad.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que ese órgano celebró 88 sesiones del pleno y que las 71 comisiones permanentes, especiales y bicamerales desarrollaron 1,194 actividades de trabajo, acumulando más de 1,200 horas de estudio de proyectos e interacción con distintos sectores de la sociedad.
Aunque ambos presidentes resaltaron avances administrativos, financieros e institucionales, incluyendo certificaciones de calidad, transparencia y fortalecimiento de la gestión pública, el balance de la legislatura quedó marcado principalmente por el paquete de reformas jurídicas, cuyo impacto comenzará a reflejarse en los próximos meses con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.
