El 80% de las salas de tribunales del país estaba al día en enero de 2026, según cifras del Poder Judicial dominicano. La institución reporta además que la Suprema Corte de Justicia resuelve el 90% de sus casos en un año o menos, de acuerdo con su informe de desempeño 2019-2026.
Los datos figuran en ese informe, que recoge los resultados de la gestión encabezada por el magistrado Henry Molina al frente del Poder Judicial. El documento atribuye las mejoras a una combinación de reformas legales, cambios administrativos y un proceso de digitalización de los servicios judiciales. Para los ciudadanos y las empresas que litigan en los tribunales dominicanos, una menor acumulación de casos implica procesos más predecibles y tiempos de resolución más cortos, con un impacto directo en la seguridad jurídica que demandan los negocios y la inversión.
Tiempos de tramitación
El indicador más llamativo del informe es la reducción en el tiempo promedio de tramitación del recurso de casación, el mecanismo por el que las partes acuden a la Suprema Corte para revisar sentencias de tribunales inferiores. Ese tiempo bajó de 707 días a 27 días, según el documento, lo que representa una reducción de más del 96% frente al punto de partida del período evaluado.
En materia penal, la Suprema Corte reporta que el 80% de los casos se decide en un plazo de tres meses o menos. El informe no detalla el volumen absoluto de expedientes procesados durante el período ni ofrece una comparación con el desempeño de otros poderes judiciales de la región.
Alcance del informe
El documento cubre siete años de gestión, entre 2019 y 2026, y agrupa los avances en tres ejes: reformas al marco normativo, transformación de la gestión administrativa y adopción de herramientas digitales. El Poder Judicial no especifica en el resumen público cuáles reformas legales concretas explican cada mejora de indicador.
El seguimiento a estas cifras cobrará relevancia en los próximos meses, cuando venza el mandato actual y la institución deba someterse a un nuevo proceso de evaluación de su desempeño ante los organismos de supervisión del sistema de justicia dominicano.
