DIARIO FINANCIERO.- La Cámara de Diputados aprobó este lunes, en sesión extraordinaria y bajo el procedimiento de dos discusiones consecutivas, la modificación a la Ley de Residuos Sólidos 225-20, una pieza que introduce una nueva carga obligatoria sobre el sector privado y que ahora vuelve al Senado de la República tras los cambios incorporados en el hemiciclo.
La iniciativa, una de las reformas con mayor potencial recaudatorio impulsadas en lo que va de período legislativo, llega además rodeada de un fuerte ruido político: gremios empresariales y la principal fuerza de oposición vienen advirtiendo que la modificación a la Ley de Residuos Sólidos avanza sin estudios técnicos públicos y sin un proceso de consulta con los sectores que tendrán que financiarla.
Qué Cambia La Modificación A La Ley De Residuos Sólidos
El núcleo de la pieza es la creación de una contribución especial obligatoria para todas las personas jurídicas, entidades gubernamentales, patrimonios autónomos y demás entidades que reporten ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El aporte se calculará en función de los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de cada contribuyente, vinculando así el nuevo gravamen al flujo real de facturación reportado al fisco.
Los recursos recaudados a través de la modificación a la Ley de Residuos Sólidos alimentarán un fondo específico destinado a mitigar los efectos negativos de la disposición inadecuada de residuos y a fortalecer un sistema integral de gestión. En la práctica, el Estado dotaría por primera vez de financiamiento estable a una política de residuos cuyos costos hasta ahora se distribuían de forma fragmentada entre municipios y partidas centrales.
Una Sesión Cargada De Cambios Normativos
La aprobación no fue la única decisión relevante de la jornada. El pleno también aprobó el proyecto que deroga el artículo 61 de la Ley 30-26 sobre medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, restableciendo la vigencia del artículo 4 de la Ley 6-86. La iniciativa fue presentada por los diputados Rafael Castillo, Pedro Julio Alcántara y Amado Díaz.
En segunda discusión, los legisladores dieron luz verde con modificaciones al proyecto que reforma el artículo 13 de la Ley 118-21 sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas paralizadas. La incorporación más relevante es el mejoramiento de la infraestructura vial en las conexiones norte-sur del Gran Santo Domingo, identificado bajo el contrato 18-2021 y el código SNIP 17003, una obra que se suma al listado de proyectos priorizados por el Ejecutivo.
El pleno aprobó además dos resoluciones que validan los actos del Poder Ejecutivo contenidos en las memorias institucionales de los ministerios correspondientes a 2021 y 2022, ambas con informes favorables de una comisión bicameral.
El Próximo Movimiento Está En El Senado
Con la modificación a la Ley de Residuos Sólidos de regreso a la Cámara Alta, el calendario legislativo entra en una fase decisiva. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó a una nueva sesión para este martes a las 10:00 de la mañana para continuar con la agenda, en una semana en la que el oficialismo busca cerrar varias piezas clave antes del receso.
El proyecto llega al Senado con un escenario más complejo del que tuvo en su primera lectura: el rechazo público de varios gremios empresariales y la crítica formal del PLD instalan presión sobre los senadores oficialistas para introducir ajustes adicionales o validar el texto tal como salió de Diputados. La modificación a la Ley de Residuos Sólidos se perfila, por su componente fiscal, como una de las reformas más vigiladas del segundo semestre.
