AIREN ha instado formalmente a las autoridades competentes a realizar una revisión técnica exhaustiva de las modificaciones introducidas a la Ley 225-20 sobre Ley de Residuos Sólidoss. Este llamado, emitido desde la ciudad de Santiago, tiene como objetivo principal evaluar el impacto real que estos cambios legislativos tendrán sobre la industria nacional, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), antes de que las nuevas normativas entren en vigencia. La petición busca garantizar que las contribuciones financieras establecidas en la ley se ajusten estrictamente a criterios de equidad, proporcionalidad y capacidad contributiva.
Análisis de las enmiendas al artículo 36
El foco de la solicitud del gremio se centra específicamente en las enmiendas recientemente aprobadas por el Senado de la República respecto al artículo 36 de la ley. Este apartado establece una contribución especial obligatoria destinada a la gestión de residuos sólidos. Aunque la Asociación de Industriales de la Región Norte reconoce y respalda el fortalecimiento del sistema nacional de gestión de residuos, subraya la importancia crítica de que cualquier medida que tenga implicaciones financieras significativas para el sector productivo esté fundamentada en criterios técnicos sólidos.
Para asegurar una implementación efectiva, AIREN enfatiza la necesidad de que estas normativas sean enriquecidas mediante la visión y experiencia de los sectores directamente involucrados. La organización considera que el diálogo es indispensable para evitar errores regulatorios que puedan afectar la estabilidad de las empresas.
Aspectos clave de la solicitud técnica
- Evaluar el impacto económico de las nuevas contribuciones obligatorias.
- Verificar que las medidas se basen en estudios técnicos actualizados.
- Incorporar la perspectiva del sector industrial en la regulación final.
Preocupación por las pequeñas y medianas empresas
Luis José Bonilla, presidente de AIREN, ha destacado que toda contribución de carácter obligatorio debe responder a criterios técnicos objetivos y considerar de manera rigurosa la realidad operativa de las empresas que sostienen el empleo formal y la producción nacional. El dirigente expresó su preocupación ante la posibilidad de que una estructura de contribución que no establezca diferenciaciones entre las diversas industrias termine afectando de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas.
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Es fundamental que cualquier medida impositiva o contributiva analice la capacidad real de pago de los negocios, evitando castigar a quienes conforman la mayor parte del tejido productivo del país.
El argumento central del gremio es que, al no aplicarse una diferenciación adecuada, se corre el riesgo de sobrecargar a las PyMEs, las cuales suelen tener márgenes de maniobra financiera más limitados que las grandes corporaciones. Por ello, la revisión técnica solicitada busca precisamente alinear las cargas financieras con la realidad del mercado productivo.
Compromiso con la sostenibilidad y el diálogo
La organización ha reafirmado su compromiso inquebrantable con la sostenibilidad ambiental y la competitividad industrial, postulando que ambos objetivos deben avanzar de la mano. En este sentido, AIREN se suma a la disposición mostrada por otros sectores y gremios para participar activamente en espacios de diálogo técnico.
El propósito de esta participación colaborativa es fortalecer la implementación de la ley, asegurando que la regulación resultante sea equilibrada, aplicable y sostenible en el tiempo. La meta final es alcanzar un marco normativo que proteja el medio ambiente sin sacrificar el desarrollo productivo nacional, garantizando la viabilidad de las empresas que impulsan la economía del país.
