El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, convocó a la comunidad internacional a resistir de forma colectiva la expansión autoritaria de China y a defender la democracia global durante el décimo aniversario del Foro Ketagalan, celebrado en Taipéi ante líderes y exfuncionarios de varios países.
El llamado adquiere particular urgencia en el contexto de una nueva legislación china que Lai rechazó de forma directa. Para Taiwán, el asunto no es solo bilateral: el presidente advirtió que las herramientas de represión del régimen de Pekín ya operan más allá de sus fronteras, con implicaciones para la gobernanza democrática global y para las cadenas de suministro tecnológicas en las que América Latina y el Caribe —incluida República Dominicana— tienen una dependencia creciente.
El eje central del discurso fue la condena a la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico, promulgada el mes pasado por el gobierno chino. Según Lai, la norma afecta directamente a Taiwán y extiende sus efectos fuera del territorio chino. «Esta ley infringe la soberanía de Taiwán y persigue religiones y grupos minoritarios, pero va más allá de eso. A través de formas de represión transnacional, impone censura política en todas partes del mundo», afirmó el mandatario. El Grupo Interparlamentario para China (IPAC, por sus siglas en inglés) emitió una declaración en la que calificó la legislación como «una flagrante violación de los derechos fundamentales básicos». Lai exhortó a una respuesta coordinada: «Toda la comunidad internacional debería unirse y oponerse firmemente a esta ley maliciosa».
Entre los asistentes al foro estuvieron el primer ministro del Reino de Esuatini, Russell Dlamini; el expresidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul; la exprimera ministra de Finlandia, Sanna Marin; la exviceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland; el copresidente del IPAC de Japón, Nakatani Nariaki; y el director ejecutivo de IPAC, Luke de Pulford.
En su intervención, Lai articuló tres compromisos que definió como los ejes de la política de su gobierno. El primero fue la defensa de la democracia y la libertad. El presidente recordó que hace 30 años los ciudadanos de Taiwán participaron en la primera elección presidencial directa de la isla pese a las amenazas militares procedentes de China. «Los votantes anunciaron al mundo que Taiwán es un país democrático y que el futuro del país será decidido por el pueblo taiwanés», dijo. Lai también advirtió que su gobierno no aceptará la infiltración del Frente Unido ni el llamado «terror rojo», y anunció que construirá sistemas más sólidos para prevenir y contrarrestar esas amenazas.
El segundo compromiso apuntó al mantenimiento de la paz y la estabilidad regional. El mandatario citó la declaración del G7 y un informe del Parlamento Europeo, que reafirmaron su apoyo a la paz en el Estrecho de Taiwán y expresaron oposición a cualquier intento unilateral de modificar el statu quo en la zona. «Responderemos con acción basada en los principios de la defensa colectiva y la responsabilidad compartida», sostuvo Lai, quien anticipó que su gobierno continuará fortaleciendo la defensa nacional y extendiendo la cooperación global para asegurar la estabilidad en el Indo-Pacífico.
El tercer compromiso abordó el desarrollo tecnológico y la prosperidad global. Lai señaló que Taiwán ocupará un papel relevante en la transición hacia la tecnología inteligente e identificó tres áreas prioritarias: fotónica de silicio, computación cuántica y robótica. «Taiwán será más que un centro de infraestructura de IA. Continuaremos liderando el desarrollo tecnológico a nivel mundial», afirmó. El presidente también indicó que su gobierno aprovechará la experiencia acumulada en inteligencia artificial, semiconductores y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para profundizar los lazos industriales con socios democráticos y construir cadenas de suministro de largo alcance.
El próximo indicador a seguir será la respuesta concreta de los gobiernos presentes en el foro ante la nueva ley china, así como cualquier movimiento militar o diplomático de Pekín en el Estrecho de Taiwán que pueda elevar la tensión y afectar el suministro global de semiconductores, insumo crítico para industrias de toda la región.
