La Operación LGTCA desmanteló desde la madrugada del jueves una organización criminal dedicada a la recepción, acopio y redistribución de drogas procedentes de Sudamérica, con base operativa en el litoral este de República Dominicana y rutas de salida hacia Puerto Rico a través de lanchas rápidas.
El operativo fue encabezado por el Ministerio Público en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras agencias de inteligencia del Estado. La red utilizaba zonas turísticas del este del país como plataforma de tránsito hacia el Caribe, lo que expone la vulnerabilidad de corredores de alta actividad comercial y turística frente al crimen organizado transnacional.
La red y su alcance
Según las investigaciones de inteligencia operativa, la organización tenía capacidad para movilizar múltiples cargamentos transnacionales de estupefacientes al año. Su base de operaciones se extendía a lo largo del litoral este, específicamente en las zonas comprendidas entre la desembocadura del río Chavón y Bayahíbe, en la provincia de La Romana, una de las zonas turísticas más activas del país.
La estructura criminal no operaba de forma aislada: servía además como puente a otras redes internacionales, que utilizaban el territorio dominicano para el posterior envío de las sustancias hacia Puerto Rico mediante embarcaciones de alta velocidad.
Las autoridades confirmaron 10 integrantes identificados dentro de la organización, varios de los cuales registran condenas previas por delitos vinculados al narcotráfico en Puerto Rico, lo que evidencia el carácter profesionalizado y reincidente de la red desarticulada.
El operativo: cifras y alcance
La operación fue coordinada por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, e involucró a 18 fiscales y más de 300 agentes de la DNCD y otras agencias de inteligencia del Estado.
Las fuerzas del orden ejecutaron 14 allanamientos simultáneos en propiedades vinculadas a la red en las provincias de La Romana, La Altagracia y Puerto Plata. El resultado inmediato fue el arresto de 11 personas y la confiscación de 10 vehículos de diversos modelos, varias embarcaciones, dispositivos de geolocalización (GPS), equipos electrónicos de comunicación, dinero en efectivo y documentos considerados evidencia vinculante con la investigación.
Los arrestados serán presentados ante los tribunales por el Ministerio Público para que los jueces les impongan medidas de coerción, el mecanismo legal mediante el cual un juez puede ordenar desde prisión preventiva hasta presentaciones periódicas, según la gravedad del caso y el riesgo de fuga. Los próximos movimientos a seguir serán la audiencia de medidas de coerción y la eventual formulación de cargos formales, instancias que definirán si los imputados enfrentan juicio por tráfico ilícito de drogas a escala internacional.
