La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE) le exigió al director general del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Juan Manuel Méndez, que la Inspección Técnica Vehicular (ITV) se ponga en marcha con independencia operativa, criterios técnicos homologados y un cronograma verificable, con responsables, etapas y plazos claramente establecidos para que la ciudadanía pueda dar seguimiento al proceso.
La demanda cobra urgencia ante un dato concreto: a casi diez años de la promulgación de la Ley núm. 63-17, la ITV todavía no ha entrado en operación, mientras el país registra alrededor de 3,000 muertes anuales por siniestros de tránsito, a lo que se suman los efectos sobre la salud pública derivados de la contaminación del aire y las emisiones vehiculares. Cada año sin inspección es un año en que vehículos con fallas mecánicas o niveles de emisión fuera de norma siguen circulando por las vías dominicanas.
La norma que lleva una década sin aplicarse
El artículo 166 de la Ley núm. 63-17 establece la revisión técnica anual obligatoria de los vehículos de motor con más de tres años de fabricación, con el propósito de verificar que sus condiciones técnico-mecánicas sean adecuadas, que no representen un peligro para los usuarios de las vías y que cumplan las normas de control de emisiones contaminantes y sonoras.
ACOFAVE reconoció en su comunicación el compromiso expresado por Méndez de avanzar en la implementación, pero advirtió que la rapidez no debe comprometer la calidad ni la credibilidad del proceso. El gremio señaló que los operadores habilitados para realizar las inspecciones deben contar con independencia societaria y operativa respecto de concesionarios, importadores, talleres de reparación, aseguradoras, transportistas y cualquier otro actor cuyos vehículos o actividades estarían sujetos a verificación.
Requisitos técnicos y modelo de gestión
Independientemente del mecanismo de implementación que se seleccione, ya sea una alianza público-privada o una licitación gestionada directamente por el INTRANT, ACOFAVE planteó que el proceso debe contemplar experiencia previa demostrable del operador de las estaciones, mecanismos independientes de auditoría y control de calidad sobre los resultados, y criterios técnicos homologados desde el inicio de las operaciones.
«La implementación de la ITV constituye una medida impostergable para mejorar la seguridad vial, reducir las emisiones contaminantes y avanzar hacia un parque vehicular en mejores condiciones. Su puesta en marcha debe realizarse mediante un proceso transparente, técnicamente sólido y libre de conflictos de interés», sostuvo Yris Nelsi González, directora ejecutiva de ACOFAVE.
Seguridad vial como política pública prioritaria
La asociación reiteró que la seguridad vial debe asumirse como una política pública prioritaria del Estado, acompañada del cumplimiento de la normativa vigente, una fiscalización eficaz, la aplicación de las sanciones correspondientes y la ejecución de las acciones contempladas en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030.
ACOFAVE también expresó su disposición de contribuir técnicamente con las autoridades en el diseño e implementación del sistema. La próxima señal que el mercado y la ciudadanía esperan del INTRANT es la presentación de ese cronograma con fechas y responsables concretos, que permita medir el avance real hacia la puesta en marcha de la inspección vehicular obligatoria.
