El Gobierno de Colombia propone que el café, el azúcar, el chocolate, las pastas y algunas harinas pasen de una tarifa de 5% a la general de 19% del IVA, dentro de la Ley de Rescate Económico, que busca un ajuste fiscal de más de 4% del PIB hacia 2030. La propuesta, sin respaldo legislativo por ahora, ya divide a economistas y gremios.
El cambio apunta a que más productos de consumo cotidiano paguen el impuesto al valor agregado (IVA, que se cobra en cada etapa de la cadena de venta). Para los hogares colombianos supondría precios más altos en varios alimentos de la canasta, y para sectores como la agricultura, la ganadería y el alojamiento y comidas, mayores costos de insumos. Para el lector dominicano, el debate es una referencia regional sobre cómo un país ajusta sus cuentas públicas ampliando la base de un impuesto en lugar de subir su tarifa.
Qué productos pagarían más IVA
El proyecto elimina tratamientos diferenciales para ampliar el número de bienes y servicios gravados. Además de los productos que pasarían del 5% al 19%, el texto plantea cambiar el trato de alimentos que hoy están excluidos del impuesto, entre ellos frutas, tomate, cebolla, sal y queso.
No toda la canasta familiar quedaría gravada. Seguirían sin IVA las carnes, el pollo, el pescado, los huevos, la leche, el arroz y la papa.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió la necesidad de actuar sobre las cuentas públicas. «Cada día que pasa sin que ajustemos las finanzas, estamos más cerca del colapso», afirmó. Según el ministro, el Gobierno busca «poner nuestras finanzas públicas en orden, disminuir la deuda para volver a crecer, tener abundancia y precios más atractivos».
El ajuste combina recorte del gasto y mayores ingresos. Para 2027, el componente de gasto concentra buena parte del esfuerzo.
Los argumentos a favor de ampliar la base
Jaime Vargas, socio de Impuestos de Cuatrecasas, considera válida la ampliación de la base gravable. «Me parece que es una medida válida para generar mayor recaudación, pero adicionalmente para detectar focos de evasión, de informalidad», dijo.
Vargas advirtió que una tarifa general de 19% no es necesariamente la única alternativa. Explicó que en la mayoría de los países con IVA se grava la canasta familiar, «pero casi siempre con un tratamiento preferente». Citó a España, Francia y Alemania, que aplican tarifas reducidas a algunos productos, y al Reino Unido, con tarifa de 0% para varios bienes.
Alberto Bernal, jefe de estrategia global y de mercados emergentes de XP Investments, sostiene que el problema no es la tarifa sino el recaudo efectivo. Según datos de la OCDE que citó, Colombia recaudó alrededor de 5.6% del PIB por IVA en 2024, frente a un promedio latinoamericano de 6.2% y a 7.2% de Bolivia. «Existe un mito urbano que el cobro del IVA en Colombia es muy alto», afirmó.
Bernal plantea que el país debe «incrementar la cantidad de productos que pagan IVA» y reducir la dependencia de los impuestos sobre la renta empresarial.
EfectIVA y las críticas de ANIF
Para compensar el efecto en los hogares, el Gobierno propone EfectIVA, un mecanismo que devolvería entre 30% y 100% del IVA pagado, según las condiciones socioeconómicas de cada familia. Prevé beneficiar a más de 35 millones de personas: cerca de 19 millones de menores ingresos recibirían la devolución completa y otros 16.3 millones, devoluciones parciales de hasta 50%. El mecanismo operaría desde 2028, con un límite mensual por beneficiario.
José Ignacio López, presidente de ANIF, reconoció que la ampliación del IVA forma parte del ajuste, pero señaló que la propuesta «enfrenta una resistencia política importante», aun con la devolución para los hogares más pobres. ANIF indica que 62% del valor de la canasta gravada con mayores impuestos corresponde a bienes y servicios de consumo intermedio, es decir, insumos que usan las actividades productivas, por lo que el impacto no se limitaría al comprador final.
López advirtió que, si EfectIVA no funciona como plantea el proyecto y no se mitigan los efectos sobre alojamiento y comidas, ganadería y agricultura, podrían producirse pérdidas de bienestar para hogares y actividades afectadas. ANIF pidió revisar algunas medidas y contar con tiempo para analizar distintos escenarios.
La iniciativa carece por ahora de respaldo en el Congreso y el Gobierno no habla de reconsiderarla. Habrá que vigilar si el Ejecutivo ajusta la lista de productos o el diseño de EfectIVA para ganar votos, en un trámite en el que el tiempo juega en contra.
