La Coalición Dominicana por la Competencia Justa (CODOCOM) pidió una fiscalización sistemática y pareja para todas las empresas, sin importar el origen de su capital, luego de que las autoridades cerraran una fábrica de cartón en San Antonio de Guerra y clausuraran varios comercios vinculados a inversionistas chinos. La coalición respalda las sanciones a establecimientos chinos que incumplieron la normativa dominicana.
Para el sector productivo local, el asunto tiene un efecto directo en la competencia: el negocio que paga impuestos, tramita permisos y cumple con sus trabajadores compite contra otro que, según CODOCOM, abarata costos al saltarse esas obligaciones. La coalición advierte que esa distorsión puede forzar el cierre de empresas formales y poner en riesgo miles de empleos formales en el país.
El cruce con la Embajada de China
La Embajada de la República Popular China había descrito el cierre de la fábrica como un caso aislado y objetó que se extiendan las acusaciones al resto de las empresas chinas instaladas en República Dominicana. CODOCOM respondió que las acciones de las instituciones dominicanas alcanzaron distintos establecimientos y actividades económicas, de modo que el cumplimiento regulatorio no se agota en un solo episodio.
Según la coalición, las inspecciones de diversas dependencias del Gobierno dejan ver múltiples casos y no un único establecimiento con fallas. Por eso plantea que la vigilancia debe ser sostenida y aplicarse bajo las mismas condiciones y obligaciones legales para cualquier empresa.
Intervenciones legítimas, no discriminación
CODOCOM rechazó que los cierres puedan leerse como un trato discriminatorio hacia los inversionistas de China. En su lectura, son intervenciones legítimas del Estado dominicano para enmendar incumplimientos, resguardar a los consumidores e impedir que alguien gane ventaja al desconocer las normas del país.
“La competencia justa exige que todos los participantes del mercado cumplan las mismas reglas. Una empresa que evade permisos, obligaciones laborales, tributarias o requisitos de seguridad puede obtener ventajas económicas indebidas frente a otras que asumen los costos de operar dentro de la legalidad”, expresó la coalición.
La organización recordó además que el aporte de la inversión extranjera al desarrollo no se mide solo por el empleo que crea, sino también por lo que las prácticas irregulares provocan en las firmas que sí acatan la ley. “La inversión extranjera es bienvenida, pero debe operar bajo las mismas reglas que las empresas nacionales. Proteger el cumplimiento de la ley también significa defender la estabilidad de los negocios y los empleos de los dominicanos”, enfatizó.
Más coordinación entre las instituciones
CODOCOM llamó a los organismos a cargo de la supervisión comercial, tributaria, aduanera, laboral, migratoria, ambiental y de edificaciones a coordinar mejor su trabajo. El propósito, indicó, es detectar los incumplimientos con más eficacia y lograr que todas las empresas funcionen conforme al marco legal dominicano.
El pronunciamiento no precisa cuántos establecimientos fueron clausurados, qué instituciones realizaron las inspecciones ni qué infracciones concretas se comprobaron. Esos datos determinarán el alcance real de las intervenciones y si se convierten en un programa de fiscalización más amplio.
Queda por ver si las autoridades dominicanas publican el número de locales sancionados y las faltas verificadas, y si la Embajada de China y CODOCOM mantienen lecturas distintas sobre la magnitud del problema.
