La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL-OIG) incluyó a un ciudadano dominicano en su lista de fugitivos más buscados, señalado por haber obtenido de forma fraudulenta US$133,000 en beneficios de desempleo de la agencia estatal de empleo de Puerto Rico durante la emergencia sanitaria del COVID-19.
El acusado, Juan Ignacio de la Cruz David, enfrenta cargos federales de robo de fondos del Gobierno y fraude postal. Su captura sigue pendiente: la Fiscalía Federal con jurisdicción en Puerto Rico lo acusó formalmente en 2022, pero a la fecha en que el DOL-OIG hizo pública su ficha, las autoridades aún desconocen su ubicación. El caso ilustra la escala del problema de fraude que enfrentaron los programas de asistencia pandémica en territorio estadounidense, donde la expansión acelerada de los subsidios abrió brechas explotadas con identidades y documentos apócrifos.
El esquema detrás del fraude
Según la ficha oficial del DOL-OIG, De la Cruz David habría recurrido a números de Seguro Social falsos para presentarse como beneficiario elegible y recibir pagos de desempleo a los que no tenía derecho. El Seguro Social funciona como número de identificación fiscal y de acceso a beneficios en Estados Unidos; usarlo de forma fraudulenta constituye por sí solo un delito federal.
Los cargos por fraude postal implican que parte de las comunicaciones o pagos vinculados al esquema habrían sido cursados a través del servicio postal federal, lo que activa la competencia de la justicia federal y eleva la severidad de las penas posibles.
Perfil del acusado
El DOL-OIG registra para De la Cruz David una fecha de nacimiento del 31 de julio de 1978. Tiene una estatura de aproximadamente 1.78 metros (5 pies y 10 pulgadas), un peso cercano a los 86 kilogramos (189 libras) y ojos de color marrón.
El organismo, cuya ficha oficial puede consultarse a través de la cobertura de Almomento, pide a quien tenga conocimiento del paradero del acusado que llame al 1-800-347-3756.
El proceso judicial avanzará solo si las autoridades logran localizar al acusado. La cooperación ciudadana es, por ahora, el principal mecanismo con el que el DOL-OIG cuenta para cerrar el caso.
