SANTO DOMINGO. El Proyecto Romero, impulsado por la canadiense GoldQuest Mining Corporation, enfrenta una crisis social abierta en San Juan de la Maguana, donde una marcha pacífica el 3 de mayo de 2026 evidenció que la viabilidad del proyecto ya no depende solo de permisos ambientales, sino de licencia social efectiva.
El yacimiento, descubierto en 2012 en la zona de Los Romeros (Hondo Valle), propone una mina subterránea entre 300 y 450 metros de profundidad, con un potencial de producción estimado en hasta US$391 millones anuales en oro. Es decir, un proyecto relevante en términos de exportaciones mineras, pero localizado en una zona hídrica estratégica, a apenas 21 kilómetros del nacimiento del río San Juan.
El conflicto no es minería vs. medioambiente; es renta minera vs. seguridad hídrica.
Licencia Social Como Variable Crítica
La huelga del 3 de mayo paralizó actividades económicas y movilizó a miles de ciudadanos hasta la presa de Sabaneta. Aunque la protesta fue mayormente pacífica, dejó heridos a agentes de seguridad, señal de una escalada de tensión que introduce riesgo político al proyecto.
En términos de inversión, esto redefine el caso:
- Sin licencia social, el proyecto enfrenta riesgo de bloqueo operativo, incluso con permisos.
- Con oposición transversal (Iglesia, agricultores, autoridades locales), el costo reputacional aumenta.
- Para el Estado, la decisión deja de ser técnica y pasa a ser política-económica.
La rentabilidad proyectada pierde peso cuando la ejecución se vuelve incierta.
Agua Como Activo Económico
El eje del rechazo está en el agua. San Juan no solo depende del río homónimo y la presa de Sabaneta para consumo humano, sino para su base productiva agrícola, lo que le ha valido el título de “granero del sur”.
Esto implica que el recurso hídrico no es solo ambiental, sino económico estructural:
- Agricultura intensiva dependiente de riego
- Seguridad alimentaria regional
- Empleo rural directo
Una eventual afectación —percibida o real— tiene efectos multiplicadores sobre ingreso, empleo y precios agrícolas.
Brecha Técnica: Declaraciones vs. Documentación
GoldQuest sostiene que no utilizará cianuro ni mercurio y que el agua será reciclada. Sin embargo, autoridades ambientales han señalado que en la documentación técnica se contemplan sustancias químicas y estructuras como presas de cola.
Esta divergencia genera un problema clave: credibilidad del diseño operativo.
Además, el proyecto:
- No cuenta con autorización de explotación
- Está en fase de evaluación bajo la Ley 64-00
- Apenas ha superado la etapa de Términos de Referencia (TDR)
Es decir, aún no existe un estudio de impacto ambiental aprobado que permita medir riesgos con precisión.
Sin data verificable, el debate se llena de percepciones; y las percepciones también mueven mercados.
Riesgo Ambiental Y Externalidades
Los opositores articulan tres riesgos principales:
1. Contaminación hídrica
La ubicación en la cuenca alta eleva el riesgo sistémico. Una afectación no sería local, sino regional.
2. Residuos y químicos
La posible utilización de sustancias tóxicas y la construcción de una presa de cola introducen riesgos de filtración y accidentes.
3. Impacto en biodiversidad y suelo
Deforestación, erosión y contaminación del aire afectan un ecosistema de la Cordillera Central considerado frágil.
Estos riesgos no son teóricos: la narrativa local incorpora precedentes internacionales como referencia de eventos de falla.
Bloque Opositor: Transversal Y Sostenido
El rechazo no es marginal ni coyuntural. Incluye:
- Iglesia Católica: califica el proyecto como “crimen ambiental”
- Agricultores: advierten sobre pérdida de base productiva
- Autoridades locales: rechazo institucional explícito
- Academia de Ciencias: objeciones desde 2018
- Sociedad civil: movilización sostenida
La consigna “Agua sí, oro no” sintetiza una narrativa económica clara: el costo percibido supera el beneficio esperado.
Minoría Técnica: Esperar Evidencia
Una posición minoritaria, representada por figuras como Hipólito Mejía y el Gobierno Dominicano, plantea esperar los estudios técnicos antes de descartar el proyecto.
Este enfoque introduce un punto válido:
- Sin estudio de impacto aprobado, no hay base definitiva
- Pero sin confianza social, el estudio pierde legitimidad anticipada
Decisión País: Más Allá De San Juan
El caso Romero trasciende lo local. Abre preguntas estructurales:
- ¿Puede República Dominicana expandir minería metálica en zonas hídricas?
- ¿Cómo se valora económicamente el agua frente al oro?
- ¿Qué peso tiene la licencia social en la política de inversión?
El Gobierno enfrenta un dilema clásico: inversión extranjera vs. estabilidad territorial.
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