México no está listo para prohibir el efectivo: 4 de cada 10 pequeños negocios no acepta pagos con tarjeta, cerca de 7 millones de personas viven en zonas sin internet y el 30% de la población carece de acceso a servicios bancarios, según especialistas que analizaron la iniciativa de Ley de Economía Digital que avanza en la Cámara de Diputados.
La propuesta busca reducir el uso del dinero en efectivo en el país, y en su primera etapa aplicaría a gasolineras y casetas de cobro en autopistas. Pero su aprobación presionaría directamente a millones de microempresarios y consumidores que dependen del papel moneda como única vía de transacción, en un entorno donde entre el 80% y el 85% del total de las operaciones del país aún se realizan en efectivo.
Comisiones bancarias, el obstáculo central para los negocios
De acuerdo con un estudio de la Concanaco Servytur, aunque el 94% de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) posee un teléfono inteligente y el 88% cuenta con internet, el 46.5% no acepta pagos con tarjeta. La razón principal: las comisiones bancarias que pagan los comercios por aceptar tarjetas superan en promedio el 3.56%, un costo que aplasta los márgenes del microcomercio.
La comparación internacional es reveladora. En España, esa misma comisión oscila entre 0.31% y 0.34%. A la diferencia en tasas se suman la inversión en terminales punto de venta, los costos de conectividad y la incertidumbre fiscal: muchos comerciantes temen que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presuma cada depósito electrónico como un ingreso gravable, lo que elevaría su carga tributaria de forma inmediata.
Jorge Sánchez, consultor en regulación y economista independiente, señaló que con más del 54% de la población en la informalidad laboral, el efectivo no representa una «terquedad cultural», sino una necesidad de subsistencia frente a la fricción fiscal y a un sistema financiero que traslada costos prohibitivos a los pequeños comerciantes. «México no está listo para prohibir el efectivo, y pretender digitalizar la economía por decreto confunde causa con consecuencia», afirmó.
Zonas rurales y brechas de conectividad
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) revela que el 85.2% de las transacciones cotidianas de 500 pesos o menos se efectúan en efectivo. En el sur del país, la adopción de medios de pago digitales apenas alcanza el 6%, en estados donde la cobertura de red es crítica.
El sector gasolinero ya rechazó la iniciativa, argumentando que el medio de pago debe ser elección del usuario y que gran parte de sus ventas se realiza en efectivo, además de que existe falta de conectividad a lo largo de la red de autopistas. Sánchez advirtió que obligar pagos digitales en gasolineras o carreteras «choca de frente con la falta de conectividad móvil estable en miles de kilómetros de la red federal; una caída de red o una falla en los rieles de liquidación paralizaría el transporte y el abasto de bienes sin un mecanismo de contingencia offline homologado».
Desde el ángulo legal, el especialista agregó que la iniciativa contradice el poder liberatorio pleno que otorga la Ley Monetaria al efectivo, lo que abriría la puerta a una ola de amparos judiciales. Citó como referencia los casos de Brasil con PIX e India con UPI, sistemas que redujeron el uso de efectivo al volver el dinero digital gratuito, ubicuo e interoperable para el usuario final, «no criminalizando el uso de billetes antes de construir las autopistas digitales necesarias».
Interoperabilidad, el reto que la ley no puede ignorar
Álvaro Vértiz, Director para América Latina y el Caribe de DGA Group, sostuvo que la propuesta transita por el camino correcto al ampliar opciones de pago y facilitar la integración de usuarios mediante herramientas como la CURP digital. Sin embargo, identificó la interoperabilidad como el obstáculo central: de nada sirve contar con la tecnología si el consumidor enfrenta trabas al intentar realizar un cobro o transferencia con código QR porque la aplicación que usa no se comunica de forma transparente con la institución financiera del comercio.
Vértiz subrayó además que la ley no debe operar como una isla regulatoria, sino armonizarse con las normas sobre experiencia de usuario y las disposiciones que regulan las cuotas de intercambio por el uso de tarjetas. Solo mediante un ecosistema normativo alineado, dijo, la evolución del sistema de pagos será eficiente y accesible para todos los actores económicos.
El calendario legislativo marcará el próximo paso: si la iniciativa avanza en el actual periodo de sesiones, la primera prueba real será su aplicación en gasolineras y casetas, un escenario que los propios especialistas consideran inviable en el corto plazo sin resolver primero las brechas de conectividad, costo y regulación que hoy frenan la digitalización del dinero en México.
