La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) solicitó este viernes 30 de octubre a la Cámara de Diputados tramitar de urgencia el proyecto que extiende el plazo de adecuación al régimen de responsabilidad penal empresarial, cuyo período vigente vence el próximo 5 de noviembre, en apenas cinco días.
El pedido llega en un momento crítico para miles de empresas dominicanas que aún no han completado los procesos de cumplimiento (compliance) exigidos por la Ley 44-26. Para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la presión es mayor: los recursos humanos, tecnológicos y legales que demanda el nuevo estándar representan costos que, según ANJE, no guardan proporción con el tiempo disponible.
La solicitud al presidente de la Cámara
En una comunicación dirigida al presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco, ANJE pidió acelerar el conocimiento de la iniciativa que modifica el artículo 31 de la Ley 44-26 y que, según indicó el gremio, ya fue aprobada por el Senado. El obstáculo es procedimental: si el proyecto sigue el trámite ordinario, podría llegar al pleno de los diputados después del 5 de noviembre, cuando el régimen ya estaría en vigor sin que la prórroga haya sido promulgada.
El gremio no planteó en ningún momento la eliminación del régimen de responsabilidad penal corporativa, sino únicamente la extensión del calendario de adecuación. ANJE reiteró su respaldo a un sistema efectivo de cumplimiento penal empresarial, pero sostuvo que su implementación debe garantizar condiciones «reales y proporcionales» para que las empresas puedan ajustarse.
Qué está en juego para las empresas
La diferencia entre aprobar o no la prórroga tiene consecuencias prácticas inmediatas, según informó Diario Libre. Mantener la fecha del 5 de noviembre implicaría que todas las personas jurídicas estén sujetas al nuevo régimen bajo el plazo actual, con independencia de si han completado o no su adecuación interna. Extender ese horizonte les permitiría distribuir en un período mayor las tareas y los costos del proceso.
ANJE señaló que miles de empresas todavía no han podido completar ese proceso, aunque el comunicado no especifica cuántos meses adicionales añadiría el proyecto aprobado por el Senado ni detalla cuáles son las obligaciones específicas que permanecen pendientes de implementación.
El régimen de responsabilidad penal empresarial
La Ley 44-26 introdujo en República Dominicana la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un estándar mediante el cual una empresa puede ser sancionada penalmente por conductas ilícitas cometidas en su nombre o en su beneficio. La norma obliga a las organizaciones a implementar programas internos de compliance, canales de denuncia y estructuras de control para prevenir y detectar delitos. Los tres meses establecidos originalmente como plazo de adecuación son los que ANJE considera insuficientes, en particular para las mipymes, que concentran la mayor parte del tejido empresarial dominicano.
La pelota queda ahora en la Cámara de Diputados, que deberá decidir si convoca una sesión de urgencia antes del 5 de noviembre o deja que esa fecha llegue sin que se haya aprobado la extensión reclamada por el sector empresarial. La ausencia de una prórroga no suspendería la vigencia del régimen, sino que lo activaría en las condiciones actuales, con las empresas en distintos estadios de preparación.
