El Ministerio Público presentó su acusación formal contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y sus compartes por un presunto desfalco al Estado dominicano de más de RD$19,000 millones, a través de un esquema que combinaba pagos irregulares por expropiaciones, sobornos y lavado de activos.
La acusación enfrenta al grupo a cargos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos. Parte de los fondos obtenidos mediante el esquema habrían sido canalizados para financiar la campaña electoral de 2020, según señala la Fiscalía, lo que amplía el impacto del caso más allá del erario hacia el sistema político dominicano.
El esquema descrito por la Fiscalía
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca), Mirna Ortiz, describió ante el tribunal una estructura que, según sus palabras, «utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método y el lucro para enriquecerse y permanecer en el poder.»
De acuerdo con Ortiz, los mecanismos fraudulentos utilizados incluían irregularidades en pagos por expropiación de terrenos, reconocimientos de deudas sin causa lícita y cesiones de créditos fraudulentas. El paso final consistía, según la Fiscalía, en incorporar esos recursos al patrimonio de los beneficiarios y utilizarlos en actividades políticas que «no admitían una declaración ante la Junta Central Electoral del origen de estos bienes.»
La Pepca también señaló que «determinadas cesiones de créditos fueron utilizadas para transferir fondos públicos a personas y sociedades que no eran los verdaderos destinatarios», y que para lograrlo se recurrió a prestanombres y a sociedades comerciales que se disolvieron una vez cumplido su propósito.
Los imputados y el estado del proceso
El pasado mes de mayo, el Ministerio Público obtuvo apertura a juicio contra 35 de los 40 acusados en este expediente. Entre los procesados figuran el exministro Donald Guerrero; el abogado Ángel Lockward; el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana; el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo Mccabe; el director de Catastro Claudio Silver Peña; y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa. Además, la Fiscalía atribuye al grupo un sistema de sobornos vinculado a la regulación de los juegos de azar.
El auto de no ha lugar dictado en favor de los exministros José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo Terrero y otros tres acusados fue apelado, por lo que su situación procesal permanece abierta.
El caso se originó con la Operación Calamar, que derivó en el arresto de varios de los acusados en marzo de 2023. El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó la audiencia para el 24 de septiembre de 2026 a las 9:00 de la mañana, fecha en que continuará el proceso judicial.
