La propuesta de la Junta Central Electoral (JCE) de reducir a 158 los diputados territoriales y repartirlos según el número de inscritos en el padrón electoral genera rechazo entre varios legisladores, que advierten de un impacto negativo para el sistema democrático. Los 158 escaños forman parte de la reforma constitucional de 2024, que elimina 20 diputaciones territoriales.
El Gran Santo Domingo sería la zona más golpeada: según un borrador de resolución de la JCE para las elecciones generales de 2028, la provincia Santo Domingo pasaría de 43 a 35 representantes ante la Cámara de Diputados, una pérdida de ocho escaños. Para los votantes de esas demarcaciones, menos diputados significa menos voces que gestionen obras y recursos ante el Congreso Nacional.
Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago pierden escaños
De acuerdo con el documento, el Distrito Nacional y Santiago perderían una diputación cada uno, al pasar de 18 a 17 representantes. La JCE otorgó un plazo de 15 días a los partidos y agrupaciones políticas para que presenten por escrito sus observaciones, reparos o pareceres sobre el borrador.
Las críticas en el Congreso
El diputado Ramón Raposo calificó la reducción de 20 congresistas de improvisación del Poder Ejecutivo, que, a su juicio, buscó congraciarse y actuar de forma popular. «Esto vendría a disminuir el sistema democrático de nuestro país», afirmó, y agregó que la provincia de Santo Domingo perderá una representación significativa. Raposo pidió revisar el planteamiento con detenimiento, porque hay circunscripciones que resultarán muy afectadas y, dijo, «al final termina perdiendo la democracia».
El senador por Barahona, Moisés Ayala, dijo que cuando fue diputado en el período 2020-2024 se opuso rotundamente a bajar el número de legisladores. «Bajar 20 diputados no lo veía necesario y hoy afecta a nuestra provincia», señaló. Ayala reconoció que habrá que acogerse a lo que establece la Constitución: a partir de 2028 serán 158 diputados de las demarcaciones, 7 de ultramar y 5 nacionales.
En el caso de Barahona, precisó que la provincia tiene hoy tres diputados y que, con el planteamiento de la JCE, bajaría a dos. «Ojalá no se pueda aplicar», expresó, y sostuvo que su aspiración es tener más representantes en la provincia.
Cumplir la Constitución y revisar el cálculo
La diputada Soraya Suárez planteó una posición distinta: dijo que los legisladores son guardianes de la Constitución y deben acatarla. Señaló que algunos hablan de crear un régimen especial para ciertas demarcaciones, como el caso del senador de La Altagracia, quien afirma que la cifra de escaños no se corresponde con su población. Ese tema, indicó, tendría que tratarse con los partidos políticos y la JCE.
Suárez afirmó que su demarcación no es la más grande, sino la 1, y que todos entendían que allí se retiraría un diputado. «Sí nos habían dicho que era un diputado, pero vamos a ver la proporcionalidad que manda», dijo, y añadió que lo que hay que revisar es el cálculo proporcional hecho por la JCE. «No se puede patalear», agregó, al recordar que los partidos y los legisladores llegaron a un acuerdo y aprobaron la nueva Constitución.
Lo que viene es el período de 15 días de observaciones: los reparos que presenten los partidos y la eventual revisión del cálculo proporcional de la JCE definirán cuántos escaños conserva cada provincia en 2028.
