República Dominicana no necesita depender para siempre del petróleo ni del subsidio. Necesita más competencia, menos burocracia y más opciones para elegir.
Cada vez que sube el petróleo, República Dominicana recibe la factura dos veces. Primero, en la bomba: gasolina más cara, transporte más caro y mayores costos para producir y mover cualquier cosa. Después, desde el Estado: cuando el precio internacional se dispara, aparecen los subsidios para evitar que ese aumento llegue completo al bolsillo de los consumidores.
El problema es que podemos pasar años discutiendo cuánto subsidiaremos esta semana sin hacernos una pregunta mucho más importante:
¿Qué estamos haciendo para necesitar cada vez menos petróleo?
República Dominicana importa prácticamente todo el petróleo que consume. Eso nos hace especialmente vulnerables a cualquier aumento internacional de precios. No controlamos el precio del petróleo, pero sí podemos decidir cuánto dependemos de él.
Y ahí entra una tecnología que ya existe: el vehículo eléctrico.
El carro eléctrico no es un lujo. Es seguridad energética.
Desde 2013, la República Dominicana tiene la Ley 103-13, que busca incentivar la importación de vehículos de energía no convencional mediante una reducción de los derechos e impuestos de importación, incluidos los correspondientes a la primera registración. La propia Comisión Nacional de Energía ha reconocido que una mayor movilidad eléctrica puede contribuir a reducir el consumo de combustibles.
Entonces la pregunta es sencilla:
Si queremos importar menos petróleo, ¿por qué hacemos tan complicado importar y utilizar tecnologías que permiten consumir menos petróleo?
Un ciudadano que quiera comprar un vehículo eléctrico no debería encontrarse con una carrera de obstáculos burocráticos. Y tampoco debería ocurrir que quien quiera instalar baterías para almacenar energía en su casa tenga que enfrentarse a un marco regulatorio diseñado principalmente alrededor de proyectos tradicionales de generación renovable.
La transición energética no puede consistir solamente en construir más generación eléctrica. También tenemos que facilitar cómo usamos, almacenamos y transportamos esa energía.
Porque un vehículo eléctrico no es solamente un carro diferente. Es un vehículo que, en términos generales, necesita menos gasolina o diésel. Y cuantos más vehículos podamos mover con electricidad, menor será nuestra exposición a las variaciones del petróleo.
Eso también es política energética. Y también es política fiscal.
El subsidio puede aliviar hoy. La tecnología puede evitarlo mañana.
No planteo que el Estado deba abandonar de golpe a los consumidores cuando los precios internacionales se disparen. Ante un shock extraordinario, puede tener sentido utilizar medidas temporales para evitar que un aumento externo golpee de manera desproporcionada a las familias.
Pero debemos ampliar la conversación.
Guatemala acaba de poner sobre la mesa una alternativa interesante: suspender temporalmente determinados impuestos sobre los combustibles y establecer mecanismos para que la reducción llegue al precio final y pueda ser identificada por el consumidor.
No se trata de copiar automáticamente lo que haga Guatemala.
Se trata de estudiar otras herramientas.
Una reducción tributaria temporal y transparente puede ser una alternativa distinta al subsidio directo y, dependiendo de las circunstancias, permitir que el alivio llegue de manera más visible al consumidor.
Pero hay una condición: el alivio temporal no puede convertirse en la política energética permanente.
Porque si cada vez que sube el petróleo respondemos poniendo dinero público para contener el precio, pero no hacemos nada para reducir nuestra dependencia, estaremos administrando el problema en lugar de resolverlo.
El objetivo debería ser otro: necesitar cada vez menos subsidios porque necesitamos cada vez menos petróleo.
No obliguemos a nadie a comprar un carro eléctrico. Dejemos que puedan hacerlo. Esta debería ser una regla básica de política pública.
Si una persona quiere seguir utilizando gasolina, debe poder hacerlo.
Pero si otra quiere comprar un vehículo eléctrico, instalar un cargador en su casa y utilizar baterías para almacenar energía, el Estado debería preguntarse: ¿cómo podemos facilitarlo?
No: ¿cómo podemos complicarlo?
La política pública no tiene que decirle al ciudadano qué vehículo debe comprar. Tiene que garantizar que las distintas opciones puedan competir en condiciones razonables.
Por eso necesitamos mirar la transición eléctrica de manera mucho más amplia.
No basta con incentivar el automóvil. Hay que facilitar también vehículos eléctricos, baterías, infraestructura de carga, almacenamiento energético, instalaciones residenciales, importación de equipos, permisos rápidos y digitales, y reglas claras y predecibles.
Y, sobre todo, debemos eliminar trámites que ya no tienen sentido frente a una tecnología que está cambiando rápidamente.
Una política energética que cualquier ciudadano pueda entender
La propuesta no tiene que ser complicada.
Primero: medidas temporales de alivio cuando exista un shock extraordinario en los precios internacionales del petróleo, evaluando herramientas tributarias además del subsidio. Como la suspensión temporal de los impuestos.
Segundo: eliminar trabas innecesarias para importar vehículos eléctricos y sus baterías.
Tercero: ampliar los incentivos para incluir infraestructura de carga y almacenamiento energético.
Cuarto: digitalizar y simplificar los permisos.
Quinto: establecer una meta nacional para reducir progresivamente la dependencia de combustibles fósiles en el transporte.
Todo esto apunta hacia una misma dirección: menos petróleo importado y más opciones para el consumidor.
Porque la lógica económica es bastante sencilla.
Menos petróleo importado significa menor exposición a los precios internacionales.
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Menos gasolina significa menor presión sobre los subsidios.
Menos subsidios significa más espacio fiscal para invertir en educación, salud, infraestructura y seguridad, o incluso para reducir impuestos.
Y más competencia tecnológica significa más opciones para los ciudadanos.
El verdadero debate no es cuánto subsidiaremos esta semana. El subsidio de combustibles puede resolver un problema inmediato.
La movilidad eléctrica puede ayudarnos a enfrentar el problema estructural.
No tenemos que escoger necesariamente entre proteger al consumidor hoy y transformar nuestra matriz de movilidad mañana.
Podemos hacer ambas cosas.
Podemos utilizar medidas temporales cuando llegue una crisis internacional y, al mismo tiempo, construir las condiciones para que la próxima crisis nos encuentre menos dependientes del petróleo.
Por eso la pregunta importante no debería ser solamente si el Gobierno debe gastar RD$1,200, RD$1,500 o RD$2,000 millones esta semana para contener los precios.
Guatemala acaba de poner sobre la mesa una alternativa tributaria temporal. Podemos estudiar su experiencia, evaluar sus resultados y discutir qué elementos podrían funcionar en República Dominicana.
Pero nuestra discusión debe ir mucho más allá.
Porque una política energética moderna no puede consistir en pagar el petróleo en la bomba y volver a pagarlo con nuestros impuestos para subsidiarlo.
Necesitamos menos petróleo.
Menos burocracia.
Más electricidad.
Más competencia.
Y más libertad para elegir.
Ese debería ser el verdadero objetivo, en vez de esperar cada viernes que suban los combustibles.
