Un colmado de barrio despacha decenas de ventas al día, y los demás movimientos pasan de cien: una libra de arroz, unos huevos, un sobre de café, una recarga. Desde el 15 de noviembre, cuando venció la prórroga que la DGII les dio a los contribuyentes pequeños, micro y no clasificados, cada una de esas ventas debe salir con un comprobante fiscal electrónico si el colmado tiene RNC. Los comprobantes en papel ya no sirven para ese grupo.
Como dicen algunos amigos, hay algo en esto que aún no me cierra, y no es la facturación electrónica en sí. Con ella estoy de acuerdo: le permite a la DGII cruzar lo que unos venden con lo que otros compran, hace más difícil evadir el ITBIS y pone orden en un sistema que por años dependió del papel y de la palabra del contribuyente. No escribo para pedir otra prórroga. Escribo porque hay un detalle en cómo se diseñó esta transición que vale la pena revisar y porque, sin irnos muy lejos, el debate se ha planteado con exageraciones de los dos lados.
La DGII tiene un Facturador Gratuito para que quien no pueda pagar un sistema privado cumpla sin gastar, y es una herramienta que se usa: según la memoria institucional de la DGII, al cierre de 2025 había 21,303 emisores electrónicos y 9,523 de ellos usaban el facturador gratuito, casi la mitad. Lo cierto es que la guía oficial pone una condición para usarlo: emitir como máximo unas 150 facturas al mes (un colmado con movimiento normal llega a esa cifra en pocos días). Además, en una consulta técnica de 2025, aunque referida a otro tipo de negocio, la DGII sostuvo que las ventas a consumidores deben facturarse una por una, “no de forma resumida, ni por día”. Dicho de forma simple, el colmado no puede resolver el problema agrupando las ventas del día en una sola factura.
El punto que quiero señalar es cómo se mide quién es pequeño. Básicamente, la herramienta cuenta facturas, no ingresos ni ganancias. Una funcionaria de la DGII explicó que el facturador está pensado para quienes emiten pocas facturas, hasta que el negocio crezca. Se asume entonces que más facturas significan un negocio más grande, y en muchos casos es así, pero en el colmado no necesariamente. Un profesional que cobra un millón de pesos al mes en diez facturas puede usar la herramienta gratuita, mientras que un colmado que vende de cincuenta en cincuenta pesos no puede, aunque gane bastante menos. Es posible que el límite busque que la herramienta del Estado no sustituya a los proveedores privados, y eso se entiende; pero el criterio sigue dejando fuera a un tipo de negocio que vende mucho en cantidad y poco en valor. A eso se suma que el crédito fiscal que creó la Ley 32-23 para las mipymes premiaba a quien se adelantara a la fecha límite, y ese período ya pasó. Quien llega ahora, en muchos casos por tener menos recursos, ya no cuenta con ese apoyo.
Seguro has escuchado a algún colmadero decir que la factura electrónica es un gasto más que, a la larga, le va a dejar pérdidas. Algo de razón tiene, pero las cifras hay que verlas con calma. Entre los proveedores que aparecen en el listado de autorizados de la DGII, uno cobra 1,380 pesos al mes, pero solo por 250 comprobantes, lo que no alcanza para un colmado con movimiento. Otro ofrece punto de venta con facturas ilimitadas desde 69 dólares al mes, alrededor de 4,000 pesos, a lo que se suman el equipo y el internet. Puede haber opciones más baratas (ese listado público no parece estar al día). En la práctica, para un colmado con buenas ventas es un gasto que se puede asumir; para uno pequeño, sí pesa.
Hasta este punto, el problema principal no es que el colmado no pueda pagar. El problema es que la ayuda del Estado se repartió con una regla que no lo toma en cuenta. Al que hace muchas ventas pequeñas se le trata como si fuera grande, y al que cobra mucho en pocas facturas se le trata como pequeño.
Bueno, pero el costo no lo explica todo. Hay otras dos razones que ayudan a entender la resistencia. La primera es práctica: hay que registrar y emitir un comprobante por cada venta pequeña mientras hay gente esperando, pedidos por teléfono y entregas a domicilio, lo que cambia la forma de trabajar del colmado. La segunda tiene que ver con los impuestos. Los distribuidores que le venden al colmado son contribuyentes grandes y medianos que ya facturan de manera electrónica, así que la DGII puede saber cuánto compra cada colmado; si además el colmado factura sus ventas, se puede comparar lo que compra con lo que declara. No tengo pruebas de que esta sea la razón principal, y no sería justo decirlo de todo un sector, pero tampoco puedo dejarlo fuera.
Lo que preocupa es lo que pueda pasar si cumplir se vuelve más complicado que no cumplir, y aquí hay un dato importante. En la Expo Provisiones 2025, el viceministro de Fomento a las Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Jorge Morales Paulino, declaró que en el país hay unos 84,000 colmados y cafeterías, y que más del 94 % opera en la informalidad. La cifra no vino acompañada de un estudio ni de una explicación de cómo se calculó, pero va en la misma dirección que un informe de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), según el cual el 90.8 % de las mipymes no tiene RNC. Si es así, la facturación electrónica solo alcanza a una minoría: los colmados que ya están registrados. Algunos podrían salir del sistema, aunque no hay datos que lo demuestren. El riesgo mayor es otro: que la gran mayoría, la que nunca se formalizó, vea en este requisito una razón más para seguir fuera. Una medida hecha para formalizar no debería terminar siendo una barrera para entrar a la formalidad.
Las correcciones posibles no son costosas. El límite de 150 facturas no está en la ley; es un requisito que fija la administración y, por tanto, se puede cambiar sin pasar por el Congreso. Se podría medir el acceso a la herramienta gratuita por los ingresos anuales del negocio y no por la cantidad de facturas, o crear una versión pensada para negocios que hacen muchas ventas pequeñas. También se podría abrir un incentivo para los micronegocios que se incorporen en los próximos meses (esto sí requeriría un cambio legal). Y la DGII podría actualizar su listado público de proveedores autorizados, para que cualquier comerciante pueda comparar opciones con información confiable.
Al final del día, de los colmados depende buena parte de lo que se consume a diario en los hogares dominicanos. Pedirles a los que ya están formalizados que facturen es razonable, y lograr que los demás se formalicen debería ser el objetivo. Lo que no me cierra es que, para recibir ayuda, tengan que caber en una regla pensada para otro tipo de negocio. Mientras el tamaño se mida en facturas y no en pesos, el colmado seguirá sin caber en 150.












