Cada modificación presupuestaria cuenta una historia. La de 2026 deja una conclusión evidente: el problema de la República Dominicana ya no es únicamente cuánto recauda el Estado. Es cuánto Estado estamos construyendo.
Con la entrada en vigor de la reforma tributaria, el Gobierno proyecta ingresos superiores a los originalmente estimados. A ello se suman recursos extraordinarios provenientes de excedentes de instituciones como el IDAC y la Superintendencia de Bancos. En consecuencia, el Estado tendrá más dinero del previsto hace apenas unos meses. Pero cuando el Estado recibe más recursos, debería hacerse una pregunta incómoda antes de decidir cómo gastarlos: ¿es realmente necesario que el Gobierno crezca al mismo ritmo que sus ingresos? En la práctica, el presupuesto complementario vuelve a responder con la fórmula tradicional: más recursos, más gasto.
No se trata de cuestionar inversiones específicas. Muchas de ellas son necesarias. La infraestructura vial, las obras hidráulicas, la modernización de la red eléctrica o el fortalecimiento del sector agropecuario generan beneficios económicos que pueden multiplicar el crecimiento futuro. La inversión pública bien dirigida sigue siendo una herramienta legítima del desarrollo.
El problema aparece cuando el crecimiento del gasto se convierte en una respuesta automática ante cualquier aumento de la recaudación.
Siempre he postulado que el verdadero éxito de una reforma fiscal no debería medirse por cuánto más gasta el Estado, sino por cuánto tiempo logra pasar sin volver a pedirle más dinero a los contribuyentes. Ese debería ser el estándar con el que evaluemos cualquier modificación presupuestaria. Si una reforma tributaria genera mayores ingresos, el primer reflejo del Estado no puede ser convertir cada peso adicional en un nuevo compromiso de gasto permanente. Esa lógica crea un círculo vicioso: el gasto aumenta, el presupuesto se acostumbra a ese nuevo nivel y, tarde o temprano, surge el argumento de que hacen falta más impuestos para sostenerlo.
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La sostenibilidad fiscal no consiste únicamente en mantener el déficit dentro de los límites establecidos por la ley. Consiste, sobre todo, en romper esa dinámica.
Los ingresos extraordinarios deberían servir para fortalecer las finanzas públicas antes que para expandir el aparato estatal. Reducir deuda, crear reservas para enfrentar futuras crisis, financiar proyectos de infraestructura con alto retorno económico o incluso generar el espacio para futuras reducciones tributarias son decisiones que producen beneficios mucho más duraderos que el simple crecimiento del gasto corriente.
Este presupuesto complementario ofrece una oportunidad para demostrar que la reciente reforma tributaria no fue concebida como un mecanismo para agrandar el Estado, sino para hacerlo más sostenible. Si el Gobierno logra administrar estos nuevos recursos sin generar presiones para futuras alzas impositivas, habrá dado un paso importante hacia una política fiscal más responsable.
Pero para ello también es necesario cambiar la forma en que entendemos el presupuesto público.
Durante décadas hemos discutido cuánto dinero recibe cada ministerio, cuando la verdadera discusión debería ser qué resultados entrega cada institución con los recursos que ya posee. El problema de la administración pública dominicana no siempre ha sido la escasez de fondos; con frecuencia ha sido la ausencia de incentivos para gastar mejor.
Un ministerio no debería aspirar a tener un presupuesto mayor cada año. Debería aspirar a producir mejores resultados con igual o incluso con menor presupuesto. En el sector privado, aumentar la productividad significa hacer más con los mismos recursos. En el Estado, muchas veces parece significar simplemente solicitar una mayor asignación presupuestaria.
Ese paradigma debe cambiar.
Si la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal fue un paso importante para establecer reglas sobre el déficit y el endeudamiento. El siguiente paso debería ser la obligación de evaluar periódicamente programas, subsidios e inversiones, eliminando aquellos que no demuestren resultados y reasignando esos recursos hacia políticas con mayor impacto económico y social.
Los contribuyentes tienen derecho a exigir algo más que cuentas equilibradas. Tienen derecho a exigir un Estado que se cuestione permanentemente si cada peso que recauda era realmente necesario y si cada peso que gasta está produciendo el mayor valor posible para la sociedad.
Porque la mejor política fiscal no es la que recauda más.
Es la que administra tan bien los recursos públicos que hace innecesario volver a tocar el bolsillo de los ciudadanos.
