En economía existe un principio tan sencillo como poderoso: las decisiones no deben evaluarse de manera aislada, sino por su efecto acumulado. Sin embargo, en la discusión pública dominicana solemos hacer exactamente lo contrario. Analizamos cada nuevo impuesto, cada tasa, cada regulación o cada requisito administrativo como si fueran acontecimientos independientes, cuando en realidad forman parte de un mismo ecosistema económico.
La reciente discusión sobre las modificaciones a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos ha vuelto a poner sobre la mesa un debate recurrente. Mientras el Congreso considera nuevas contribuciones para financiar la gestión ambiental, diversos sectores empresariales advierten sobre el incremento de las cargas económicas que enfrentan las empresas. El debate suele reducirse a una pregunta inmediata: ¿es correcto o incorrecto crear esta nueva contribución?
Quizá esa no sea la pregunta más importante.
La verdadera interrogante es cuánto cuesta hoy producir, invertir, emprender y generar empleo en la República Dominicana cuando se suman todas las cargas que, individualmente, parecen pequeñas, pero colectivamente terminan siendo significativas.
Vivimos en la economía del costo invisible.
Son costos que rara vez ocupan titulares. No provocan protestas masivas ni generan grandes debates nacionales. Sin embargo, están presentes todos los días en la vida de las empresas y de los ciudadanos.
Una nueva tasa administrativa.
- Un permiso adicional.
- Un formulario más.
- Una certificación que debe renovarse.
- Una comisión bancaria.
- Un incremento en los costos logísticos.
- Una obligación regulatoria adicional.
Cada uno, por separado, parece perfectamente razonable. Incluso puede justificarse desde el interés público. El problema aparece cuando nadie mide el efecto acumulado de todas esas decisiones.
En economía existe un concepto ampliamente estudiado: el costo de cumplimiento. No se refiere únicamente a los impuestos que paga una empresa, sino al tiempo, dinero y recursos humanos necesarios para cumplir con todas las obligaciones regulatorias que impone el Estado.
Ese costo también afecta la competitividad.
Una empresa que debe destinar más recursos al cumplimiento administrativo dispone de menos recursos para invertir en tecnología, innovación, capacitación o mejores salarios. Un pequeño negocio que enfrenta múltiples trámites antes de abrir sus puertas probablemente retrasará su inversión o decidirá mantenerse en la informalidad. Un emprendedor que dedica semanas a completar procesos burocráticos pierde tiempo que podría dedicar a desarrollar nuevos productos o conquistar nuevos mercados.
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Por eso los países que hoy lideran los índices internacionales de competitividad no necesariamente son aquellos con menos regulaciones. Son aquellos cuyas regulaciones son más simples, más previsibles y eficientes.
Regular no es el problema.
El verdadero desafío consiste en regular con inteligencia.
Durante los últimos años la República Dominicana ha demostrado una notable capacidad para impulsar reformas legales. Se discuten nuevos códigos, se actualizan leyes, se fortalecen marcos regulatorios y se crean nuevas obligaciones en distintos sectores. Ese esfuerzo institucional es positivo y refleja una voluntad de modernización.
Pero, existe una pregunta que rara vez acompaña esas reformas: ¿cuánto costará cumplirlas?
En muchos países desarrollados esa pregunta no es opcional. Antes de aprobar una nueva regulación se realizan estudios de impacto que estiman cuánto costará su implementación para el Estado, las empresas y los ciudadanos. Se calcula el tiempo requerido para cumplir con la norma, los recursos administrativos que demandará y su efecto sobre la competitividad.
No se trata de impedir nuevas regulaciones. Se trata de legislar con evidencia.
En nuestro país esa cultura todavía es incipiente. Con frecuencia evaluamos los beneficios esperados de una ley, pero dedicamos mucho menos esfuerzo a cuantificar sus costos indirectos.
El resultado es una economía donde los grandes impuestos no siempre representan la principal preocupación. Lo que verdaderamente pesa es la acumulación constante de pequeños costos que terminan erosionando la productividad.
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Esa acumulación también tiene consecuencias para las familias.
Toda empresa incorpora sus costos al precio final de los bienes y servicios que ofrece. Cuando aumentan los costos regulatorios, financieros, logísticos o administrativos, tarde o temprano parte de ese incremento llega al consumidor.
Por eso el ciudadano muchas veces percibe que el costo de la vida aumenta, aun cuando no se haya aprobado una gran reforma tributaria. La explicación puede encontrarse en decenas de decisiones aparentemente menores que, sumadas, modifican el precio de producir y distribuir bienes y servicios.
Es la economía del goteo silencioso.
Ninguna medida, por sí sola, parece suficiente para alterar la economía. Pero cuando todas coinciden, el efecto comienza a sentirse en la factura eléctrica, en el supermercado, en el alquiler, en el transporte o en el precio de los medicamentos.
La competitividad de un país no depende únicamente de atraer inversión extranjera o de exhibir buenas cifras de crecimiento económico. También depende de la capacidad del Estado para preguntarse, permanentemente, si cada nueva obligación que impone genera más valor que el costo que exige asumir.
La sostenibilidad ambiental requiere financiamiento. La protección de los consumidores necesita regulación. La seguridad jurídica demanda instituciones fuertes. Todo eso es indispensable para el desarrollo. Pero también lo es construir un Estado que incorpore la eficiencia como criterio permanente de sus decisiones.
Cada nueva ley debería responder no solo a la pregunta de qué problema resuelve, sino también a otra igualmente importante: ¿cuánto le costará cumplirla a la sociedad?
Porque la prosperidad de un país no se deteriora únicamente por las grandes crisis económicas o por las reformas tributarias de gran magnitud. A veces comienza a erosionarse de forma casi imperceptible, mediante la acumulación de pequeñas cargas que nadie considera relevantes por separado, pero que juntas terminan reduciendo la productividad, desincentivando la inversión y disminuyendo el bienestar de las familias.
Quizá haya llegado el momento de que la República Dominicana incorpore una nueva cultura en la formulación de políticas públicas: la de medir no solo los beneficios de regular, sino también el costo de hacerlo.
Las mejores economías no son aquellas donde el Estado regula menos ni aquellas donde regula más. Son aquellas donde cada regulación produce un beneficio superior al costo que impone. Esa diferencia, aunque muchas veces pase inadvertida, puede marcar la distancia entre un país que simplemente crece y otro que se vuelve verdaderamente competitivo.
