En la República Dominicana, el debate sobre las finanzas públicas ha sido una constante invariable: gobierno tras gobierno, oposición tras oposición, la narrativa es la misma. Un gasto público insostenible, un déficit elevado, un endeudamiento que amenaza la estabilidad. Sin embargo, esta retórica parece más un recurso político que un verdadero diagnóstico de política pública. La raíz del problema no está en el nivel del gasto por sí mismo, sino en su calidad y en la ausencia de un sistema que garantice eficiencia, evaluación y resultados medibles.
Mientras se discute en estos momentos la posibilidad de una nueva reforma fiscal, el país corre el riesgo de cometer el error histórico de concentrarse exclusivamente en el lado de los ingresos, obviando la transformación estructural que necesita el gasto público. Reformar sin abordar este aspecto es simplemente recaudar más para gastar igual de mal.
La Ley Orgánica de Presupuesto actual, que asigna recursos por capítulos institucionales, fomenta la fragmentación y el clientelismo, como se evidencia en la ejecución ineficiente de proyectos en educación y obras públicas. En el año 2012 el país celebrara la conquista social de asignación del 4.0% del PIB a la educación, sin embargo, 13 años después no se han tenido los resultados deseados en la calidad de la educación, demostrando que gastar más no significa gastar mejor, y para poder gastar mejor la asignación de los recursos públicos debe estar bien enfocada desde el origen, es decir, desde la aprobación del Presupuesto General del Estado.
Para corregir lo anterior, se debe reformar la ley para aprobar presupuestos por programas y proyectos específicos, ejecutables por múltiples instituciones, priorizando impactos medibles sobre asignaciones institucionales. Esto permitiría reasignar recursos dinámicamente hacia iniciativas de alto retorno, como infraestructura resiliente o educación de calidad. Esto, debe estar acompañado de la creación de un organismo independiente de evaluación del gasto público que pueda medir con indicadores la ejecuación del gasto público y realizar auditorías independientes. Esto ya existe en Chile con el Sistema de Evaluación y Control de Gestión, y en México con el Sitema de Evaluación del Desempeño (SED). Si bien los resultados han sido mixtos por la complejidad administrativa y la presión política, se logró que las discusiones presupuestarias pasaran de cuánto recibe cada secretaría o ministerio a qué resultados se generan en términos de política pública. Una lección clave es que las reformas requieren no solo cambios legales, sino también voluntad política para sostener los mecanismos de evaluación más allá del ciclo electoral.
Analizando estas experiencias, se observan patrones claros:
- Marco legal reformado: leyes que establecen presupuestos por programas/proyectos, no solo por instituciones.
- Indicadores claros y medibles: metas anuales vinculadas al gasto asignado.
- Órganos independientes de evaluación: agencias técnicas o contralorías con autonomía política que auditan la calidad del gasto.
- Horizonte de mediano plazo: presupuestos multianuales que trascienden el ciclo electoral.
- Voluntad política sostenida: sin continuidad, los sistemas se vuelven letra muerta.
En el país se ha venido trabajando desde hace años en programas pilotos de Presupuesto Orientado a Resultados, también se generan indicadores de desempeño (físico-financiero), pero no se ha logrado institucionalizar esta metodología para toda la ejecución del gasto público, tampoco se cuenta con evaluación independiente sino que es la Dirección General de Presupuesto quien elabora los infomres de ejecución, y mucho menos se cuenta con la obligación legal de ejecutar un proyecto pues el Congreso aprueba la asignación y ejecución de la institución ejecutora.
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Para elevar la calidad del gasto —entendida como eficiencia, transparencia y alineación con resultados—, propongo un plan integral inspirado en evaluaciones recientes del Banco Mundial (PER 2021), PEFA (2022) y FMI (Artículo IV 2024), adaptado al contexto dominicano. Este enfoque no solo aborda la sostenibilidad fiscal (déficit proyectado en 3.1% del PIB para 2025) sino que transforma el gasto en motor de desarrollo equitativo.
Propuesta 1: Fortalecer el Presupuesto Basado en Resultados con Enfoque en Programas y Evaluación Independiente
El informe 2024 destaca avances en Programas Presupuestarios Orientados a Resultados (PPoR), con cumplimiento físico del 80% en productos, pero debilidades en la alineación con metas estratégicas, como evidencian las desviaciones no justificadas. Siguiendo el PER del Banco Mundial, se debe reformar la Ley Orgánica de Presupuesto (423-06) para aprobar fondos por proyectos interinstitucionales, no solo por capítulos, vinculando asignaciones a indicadores medibles (e.g., retorno en educación o reducción de NRW (-Agua No Facturada o Agua No Registrada, por sus siglas en inglés- en agua).
Acciones Específicas:
- Implementar un sistema integrado de monitoreo (como el SIGEF mejorado) para evaluar impactos ex-post, con incentivos para funcionarios (bonos por metas alcanzadas).
- Crear un organismo independiente de evaluación, similar al Consejo Fiscal en Chile, para auditar ejecución y recomendar reasignaciones, abordando la fragmentación (111 entidades en protección social).
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Propuesta 2: Mejorar la Transparencia y Rendición de Cuentas para Combatir la Fragmentación y Riesgos Fiscales
El Informe PEFA 2022 señala debilidades en auditorías internas (D en cobertura) y escrutinio legislativo (D en informes de auditoría). En adición, Solo 25% de recomendaciones de la CCRD se implementan (páginas 149, 156). Planes de acción presentados (70%), pero sin seguimiento efectivo.El FMI, en su Artículo IV 2024, enfatiza la consolidación primaria para estabilizar la deuda (64.3% del PIB en 2020), recomendando límites al gasto corriente
Acciones Específicas:
- Mandatar auditorías anuales independientes para todas las Unidades Ejecutoras, publicando resultados en tiempo real vía portal abierto, como sugiere el Banco Mundial.
- Expandir análisis de riesgos fiscales a empresas estatales (EEs) y Alianzas Público Privadas (pasivos contingentes 7.8% del PIB), con reportes trimestrales, alineado con PFRAM del BM.
Propuesta 3: Enfocarse en Sectores Prioritarios con Recursos Reasignados y Capacitación
El gasto en equidad de género (0.59% del total) y cambio climático (RD$54,482 millones positivos) muestra progreso, pero el PER 2021 identifica ineficiencias en protección social (287 programas fragmentados) y agua (NRW 45-95%). El FMI urge reasignar recursos para sostenibilidad post-COVID.
- Acciones Específicas:
- Reasignar el 10-15% del gasto discrecional a alto impacto: e.g., consolidar programas sociales bajo una autoridad única, ajustando beneficios por inflación
- Priorizar sectores: En educación, vincular el 4% del PIB a resultados (e.g., pruebas PISA); en salud, expandir cobertura contributiva para informales (39% de trabajadores).
Estas solo son algunas medidas que se pudieran discutir en un escenario más amplio en donde los sectores económicos y el gobierno puedan consensuar el país que realmente queremos. La República Dominicana aún opera con un presupuesto aprobado por capítulos institucionales, sin que los proyectos puedan ser medidos ni evaluados con independencia. La conquista del 4% del PIB para educación mostró que aumentar los recursos no necesariamente mejora la calidad si no se cambia la forma en que se ejecutan y evalúan.
El país necesita migrar hacia un presupuesto basado en resultados donde lo esencial no sea cuánto se asigna a un ministerio, sino qué impacto tienen los proyectos financiados. Esto exige la creación de un organismo independiente de evaluación del gasto público, con capacidad técnica y autonomía, que audite la ejecución de proyectos y mida su efectividad.
La discusión de una reforma fiscal es el momento oportuno para introducir esta agenda. No se trata solo de recaudar más, sino de gastar mejor. Si seguimos aprobando presupuestos por institución y no por resultados, junto con los otros cambios mencionados, el debate político seguirá siendo el mismo dentro de diez años: oposición criticando la insostenibilidad, oficialismo justificando la coyuntura, y un país que no avanza en la calidad del gasto.
