República Dominicana ha avanzado en la implementación de la facturación electrónica. Según datos oficiales de la DGII, el país ya supera los 1,600 millones de e-CF emitidos y cuenta con más de 78,000 contribuyentes operando como emisores y receptores electrónicos. Sin embargo, de un universo de aproximadamente 300,000 contribuyentes obligados, aún existe un segmento importante que no ha completado la transición.
Una encuesta aplicada a 1,050 contribuyentes dominicanos, predominantemente micro y pequeñas empresas, permite identificar con claridad dónde están los puntos de fricción y, sobre todo, qué acciones concretas se pueden emprenderse para seguir fomentando el uso de esta modalidad de facturación.
El contexto latinoamericano: un modelo que funciona
La facturación electrónica es una innovación nacida en América Latina: Chile fue pionero mundial en 2003, seguido por Brasil y México, y los resultados hablan por sí solos. Según datos del BID y del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), en México los ingresos declarados aumentaron un 14% en los tres años posteriores a la obligatoriedad; Uruguay recaudó un 3.7% adicional en IVA e impuesto sobre la renta cuando el sistema se hizo ampliamente obligatorio; y en Perú las ventas gravadas reportadas crecieron un 7% en el primer año. El Salvador vio pasar su recaudación de IVA del 3.5% del PIB en 2017 al 8.7% en 2023. Y en Brasil, el programa ha generado una reducción del 85% en documentos en papel y ha contribuido a disminuir la informalidad laboral del 55% al 40%.
Si analizamos la adopción desde la perspectiva del contribuyente, los beneficios son igualmente claros. Según un estudio de la Universidad de Hasselt, la facturación electrónica ahorra un 54.5% de los costos totales de facturación al emisor y un 71.8% al receptor. A nivel global, las empresas que migran a este sistema logran reducciones de costos de entre 60% y 80%, con retorno sobre la inversión en un plazo de 6 a 18 meses. Además, la automatización del cobro reduce los días de cartera pendiente en un 32%, lo que equivale a cobrar 19 días más rápido. La facturación electrónica no es un gasto: es una inversión con retorno medible.
Estos resultados confirman que la facturación electrónica es un catalizador de formalización, eficiencia y transparencia. A pesar de toda esta evidencia internacional, muchas empresas dominicanas todavía no perciben el sistema como un beneficio para sus operaciones, esto lo refleja la baja adopción pese a tratarse de una obligación.
Por ello, es fundamental que el Estado identifique las barreras de adopción para aplicar medidas correctivas y fomentar la implementación. Con el propósito de orientar a los actores involucrados, aplicamos una encuesta a 1,050 contribuyentes de distintos sectores económicos, quienes respondieron 16 preguntas orientadas a determinar los obstáculos que enfrentan para implementar la facturación electrónica en sus negocios. Veamos los resultados.
Hallazgos clave de la encuesta
- Conocimiento superficial. Solo el 21% de los contribuyentes encuestados afirma conocer la facturación electrónica en detalle. Un 39% tiene un conocimiento general, pero sin dominio técnico, y el 36% apenas ha escuchado del tema sin comprender cómo funciona. En conjunto, el 75% necesita algún nivel de orientación educativa para completar la transició
- Las barreras dominantes. El costo del software (31%), la falta de información clara de la DGII (27%) y la falta de conocimiento técnico dentro de la empresa (23%) encabezan los obstá Les siguen la falta de tiempo (19%), la ausencia de guía por parte de los contadores (15%) y la dificultad para encontrar un proveedor confiable (12%).
- Percepción de dificultad y costo. El 57% percibe el proceso como difícil o extremadamente difícil, y el 43% ni siquiera ha cotizado cuanto le costaría implementarlo. Sin embargo, la DGII ya ofrece un Facturador Gratuito y existe una amplia oferta de 183 Proveedores Autorizados, con planes que pueden iniciar desde apenas RD$1,500: difundir estas opciones podría transformar esa percepció
- DGII ausente para la mayorí El 64% afirma no haber recibido ninguna comunicación de la DGII, cuyo acompañamiento recibe una calificación promedio de apenas 2.6 sobre 5. Los países que más han avanzado en la adopción lo lograron combinando la obligatoriedad con un acompañamiento activo.
- Lo que piden los contribuyentes. El 61% solicita talleres gratuitos de capacitación (que ya existen), el 46% pide subsidios para el software y un 43% demanda asistencia técnica y material explicativo sencillo. Un dato revelador: la extensión de plazos es la medida menos solicitada (solo 14%). No piden más tiempo; piden mejores herramientas y acompañamiento.
- Beneficios poco percibidos. Solo el 29% reconoce beneficios concretos. El 39% se muestra ambivalente y el 21% lo ve como una carga administrativa. La evidencia internacional documenta ahorros, reducción de los costos de facturación, cobros más rápidos y retornos de inversión en pocos meses; el reto está en lograr que los contribuyentes obligados perciban esos beneficios como propios.
Recomendaciones
El papel del Estado no concluye con la promulgación de la Ley núm. 32-23. Como regulador, su responsabilidad es asegurar que la obligación venga acompañada de las condiciones que la hacen viable y sostenible en el tiempo. La experiencia regional demuestra que la facturación electrónica se consolida cuando la Administración Tributaria combina el mandato legal con un acompañamiento activo, sustentado en comunicación clara y constante, formación accesible, herramientas asequibles y canales de soporte cercanos al contribuyente. Un marco regulatorio que informa, orienta y facilita genera un cumplimiento más voluntario y duradero que uno que se limita a exigir y sancionar; de ahí que la política deba concebirse no solo como una obligación, sino como un servicio que el Estado presta al tejido productivo.
Bien implementada, esta política pública produce beneficios en ambas direcciones. Para el Estado se traduce en mayor recaudación, menor evasión, trazabilidad de las operaciones y una economía más formal y transparente, con información oportuna para diseñar mejores políticas fiscales. Para el contribuyente representa procesos más eficientes, menores costos administrativos, cobros más ágiles, una mejor organización de su negocio y mayor acceso al crédito y a nuevos mercados. La facturación electrónica es, en ese sentido, una política pública donde los intereses de todos los actores convergen de forma natural. República Dominicana cuenta ya con un marco legal sólido, la Ley núm. 32-23 y el Decreto 587-24, y con una infraestructura tecnológica en funcionamiento; el desafío pendiente es fundamentalmente de gestión: convertir el cumplimiento en una oportunidad que el propio contribuyente perciba como suya, para que la adopción avance reconociendo las ventajas y no únicamente por mandato.
