Santo Domingo, RD. – El economista y articulista Rafael Ramírez Medina presentó una propuesta legislativa que busca poner fin a la larga espera de miles de familias que no han podido acceder a fondos heredados debido a la burocracia bancaria.
De acuerdo con datos de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), existen más de 123,555 cuentas de personas fallecidas retenidas en el sistema financiero, acumulando RD$9,593 millones que aún no han sido entregados a sus herederos legítimos.
Ramírez Medina subraya que, aunque los familiares cumplen con los requisitos legales básicos —como la declaratoria de herederos, el pago del impuesto sucesoral y la certificación de no objeción de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)—, los bancos exigen trámites adicionales que generan gastos innecesarios y demoras de meses e incluso años.
El proyecto de ley propone ocho artículos clave diseñados para simplificar el proceso y garantizar que los fondos lleguen a las familias de manera más rápida y justa:
Objeto de la ley. Establecer un marco legal que unifique y simplifique los trámites de acceso a herencias en entidades financieras.
Reconocimiento único de documentación. Obliga a los bancos a aceptar copias certificadas oficiales sin duplicar requisitos.
Certificación bancaria unificada. Creación de un documento emitido por la Superintendencia de Bancos con el detalle de todas las cuentas del fallecido.
Cuentas de bajo monto. Procedimiento simplificado para herencias menores a 100 salarios mínimos.
Estándar de formatos. Un formulario único de constancia de herencia válido para todo el sistema financiero.
Plazo de entrega. Los fondos deberán ser entregados en un máximo de 30 días hábiles tras presentar la documentación completa.
Supervisión y sanciones. La Superintendencia de Bancos impondrá multas de hasta 500 salarios mínimos a las entidades que incumplan.
Depósitos no reclamados. Después de 10 años sin reclamo, los fondos serán transferidos al Banco Central, que los mantendrá en un fondo especial hasta que sean solicitados.
La propuesta, según Ramírez Medina, busca no solo proteger los derechos de los herederos, sino también reactivar recursos que permanecen inmovilizados en el sistema financiero. “Es un dinero que pertenece a las familias y que debe circular en la economía, no quedar atrapado en trámites burocráticos”, explicó el economista.
El borrador también contempla que la Suprema Corte de Justicia, en coordinación con la Superintendencia de Bancos, desarrolle formatos estandarizados y que el reglamento de aplicación se emita en un plazo de seis meses tras su aprobación.
Además, la propuesta abre la puerta a futuras mejoras tecnológicas como la digitalización de procesos, una ventanilla única electrónica y la integración con notarías para reducir aún más la carga administrativa.
De aprobarse, esta iniciativa colocaría a la República Dominicana en sintonía con prácticas modernas de simplificación legal y bancaria, facilitando el acceso de los ciudadanos a sus derechos patrimoniales y fortaleciendo la confianza en el sistema financiero.
