Un juez ratificó este jueves la medida de arresto domiciliario contra uno de los acusados en la Operación Lobo sobornos, una red criminal que distribuyó RD$108,080,359.92 en pagos ilegales para obtener contratos de seguridad privada en instituciones públicas dominicanas.
La decisión recayó sobre Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana, quien es procesado junto a otras 13 personas físicas y jurídicas vinculadas al caso. La red, según la acusación presentada en julio por el Ministerio Público, operó durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, canalizando sobornos mediante transferencias bancarias y entregas de efectivo a funcionarios de varias entidades del Estado dominicano.
La audiencia y las medidas de coerción
El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, presidió la audiencia en la que los fiscales Rosa María Pichardo y Ernesto Guzmán Alberto representaron al Ministerio Público. Ambos acusados habían solicitado variación de sus medidas de coerción, pero el resultado fue dispar.
En el caso de Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), el tribunal no levantó su garantía económica de RD$5 millones, sino que únicamente varió la modalidad de su cumplimiento: de pago en efectivo a contrato. «En el caso de Quilvio Rodríguez lo que hizo fue una variación de la modalidad del cumplimiento, estamos hablando de una garantía económica de 5 millones de pesos, la cual tenía pago en efectivo, y el tribunal decidió que fuera por contrato», precisó la fiscal Pichardo a la prensa a la salida del tribunal.
La audiencia preliminar del proceso quedó fijada para el próximo 7 de septiembre.
Los acusados y el esquema de corrupción
El expediente incluye a 14 personas físicas y jurídicas. Entre los imputados figuran Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste; Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de Edenorte; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi; y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste.
También están imputados Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar. En el plano empresarial, el expediente involucra a las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL —ambas propiedad de Rodríguez González— así como a Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, propiedad de Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
El origen de la investigación
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, inició las investigaciones a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Esa denuncia identificó la existencia de una red dedicada a manipular contratos públicos de seguridad privada y a exigir pagos sistemáticos a cambio de favorecer a determinados contratistas en entidades como las distribuidoras eléctricas, Inaipi y SeNaSa.
El caso expone una práctica en la que funcionarios encargados de la seguridad institucional de entidades públicas recibían sobornos de la empresa Senase para garantizarle la permanencia en contratos adjudicados, durante más de una década. El próximo hito procesal a seguir será la audiencia preliminar del 7 de septiembre, instancia en la que el juez determinará si existen méritos suficientes para llevar a juicio de fondo a los 14 imputados.
