El programa periodístico N Investiga cuestionó las licitaciones del INABIE por presuntas irregularidades en los contratos de almuerzo escolar, según la primera parte del reportaje «INABIE: ¿La mafia de las raciones?», que circuló el 20 de septiembre de 2026. La segunda parte fue anunciada para este lunes 21 de septiembre.
El señalamiento central no es solo el tamaño de los contratos, sino la combinación de factores que rodea las adjudicaciones: empresas recién constituidas que obtuvieron contratos por decenas de millones de pesos, cambios en los pliegos de condiciones y dudas sobre si los suplidores seleccionados contaban con la capacidad técnica, logística y financiera requerida para producir y entregar raciones escolares a escala.
Empresa nueva, contrato de RD$48 millones
Uno de los casos específicos que el reportaje de Nuria Piera pone bajo escrutinio es el de Beltrán Beltre, SRL, una compañía constituida en mayo de 2025 que habría recibido posteriormente un contrato de aproximadamente RD$48 millones para suplir el almuerzo escolar. La investigación pregunta si una empresa con tan poco tiempo de operación podía cumplir los criterios técnicos y operativos que el INABIE exige a sus suplidores.
Además de la antigüedad de las firmas, el programa plantea si las compañías beneficiadas tenían experiencia, infraestructura y solvencia suficientes para operar a la escala que requiere un programa de alimentación escolar de cobertura nacional.
Cambios en requisitos y posible falta de transparencia
La periodista cuestionó directamente al director del INABIE, Rafael Adolfo Pérez de León, por modificaciones introducidas a los requisitos del proceso de contratación. La preocupación expuesta es que esos cambios pudieran haber abierto espacio a determinados nuevos suplidores o alterado las condiciones competitivas del concurso.
El reportaje también apunta a una posible concentración de contratos: acumulados, los montos relacionados con programas de alimentación y kits escolares alcanzan decenas de millones de pesos, lo que eleva la exigencia pública de trazabilidad, competencia real entre oferentes y fiscalización efectiva.
Lo que falta por establecer
Los señalamientos de N Investiga son denuncias e indicios periodísticos, no condenas judiciales ni imputaciones formales. Para que las acusaciones deriven en un caso de corrupción, los organismos de control tendrían que verificar documentos de constitución de empresas, expedientes de licitación, evaluaciones técnicas, precios pactados, entregas efectivas y posibles vínculos entre funcionarios y suplidores, así como evidencia de sobornos, tráfico de influencias o falsedad documental.
Las autoridades competentes, incluida la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, son los órganos llamados a determinar si hubo o no irregularidades con consecuencias legales. Lo que resta por definir es si el proceso de licitación fue competitivo, transparente y técnicamente sustentado, o si pudo haber sido manipulado para favorecer a suplidores específicos, algo que la investigación periodística aún no ha probado de forma definitiva.
