DIARIO FINANCIERO.- La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó en primera lectura el proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios el 25 de junio de 2025. Esta iniciativa, impulsada por el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, busca modernizar y regular las relaciones jurídicas entre propietarios e inquilinos, estableciendo un marco legal más claro y equilibrado para el sector inmobiliario.
Proceso legislativo y participación ciudadana
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La aprobación fue en primera lectura, lo que significa que el proyecto aún debe pasar por una segunda lectura en la Cámara de Diputados y luego ser revisado por el Senado antes de convertirse en ley definitiva.
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Antes de la segunda lectura, se realizarán vistas públicas para que distintos sectores sociales y ciudadanos presenten observaciones y sugerencias sobre el proyecto, buscando un consenso amplio y transparente.
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Principales disposiciones del proyecto de ley
Regulación de contratos y derechos
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El proyecto regula las condiciones y obligaciones jurídicas entre inquilinos y propietarios, incluyendo contratos de renta, desahucios y resolución judicial de conflictos.
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Se establecen los derechos y deberes de ambas partes, como la obligación del propietario de entregar recibos de pago, especialmente si se reciben en moneda extranjera, y la responsabilidad del inquilino de pagar puntualmente y mantener la propiedad en buen estado.
Depósitos de alquiler
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Los depósitos de garantía deberán ser entregados por el propietario a una entidad bancaria ubicada en la zona del inmueble, acompañados de una copia del contrato de alquiler. El banco notificará al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones para fines estadísticos y de control del déficit habitacional.
Embargo y desalojo
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El propietario podrá ejecutar un embargo retentivo sobre bienes del inquilino moroso para asegurar el cobro de la deuda.
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Se crea una jurisdicción especializada para ejecutar desahucios en un plazo máximo de dos meses en casos de impago.
Sanciones y penalidades
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El desalojo de un inquilino sin agotar el debido proceso judicial podrá acarrear penas de tres a cinco años de prisión para el propietario, además de multas de 10 a 20 salarios mínimos del sector público.
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Los abusos cometidos por alguaciles o abogados en este contexto serán sancionados disciplinariamente por la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría.
Impacto y próximos pasos
La aprobación en primera lectura representa un avance significativo hacia la creación de un mercado de alquiler más estructurado y seguro tanto para propietarios como para inquilinos. Sin embargo, la ley aún no está vigente: debe superar la segunda lectura, ser aprobada por el Senado y promulgada por el Poder Ejecutivo.
El proceso de vistas públicas y la apertura al debate social buscan garantizar que la ley refleje las necesidades y preocupaciones de todos los actores involucrados en el mercado inmobiliario dominicano
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