Santo Domingo. – El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que el presidente Luis Abinader promulgó este domingo la Ley 97-25, que introduce una reforma integral al Código Procesal Penal (CPP)en cumplimiento de la sentencia TC 0765-24, la cual ordenó sustituir la Ley 10-15.
Peralta subrayó que la nueva normativa se alinea con los principios democráticos, así como con los criterios jurisprudenciales desarrollados por el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Destacó que el texto moderniza el marco vigente al fortalecer varios de los 28 principios del proceso penal, consolidando un modelo “más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de derecho”.
La ley será publicada este lunes en la Gaceta Oficial, y entrará en vigor el martes en el Distrito Nacional y el miércoles en el resto del país, conforme al marco normativo aplicable.
Nuevos mecanismos de resolución de conflictos
La reforma amplía de manera sustancial los instrumentos alternativos de solución penal. Incluye justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliaciones, procedimientos abreviados y suspensión condicional del procedimiento, disponible ahora para hechos sancionados con hasta cinco años de prisión.
Fortalecimiento de garantías y derecho de defensa
El consultor jurídico destacó avances notables en materia de garantías. La reforma refuerza la presunción de inocencia, moderniza procedimientos y asegura asistencia técnica integral a personas vulnerables. También se consagra el principio de favorabilidad procesal, orientado a una aplicación más humana del derecho penal.
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Los derechos del investigado se activan desde los primeros actos, como la citación o la inmovilización de fondos, y se amplía el plazo para presentar el escrito de defensa. Se otorgan nuevas oportunidades de contraperitaje y se fijan plazos máximos de dos años para los archivos provisionales, que anteriormente carecían de límite.
Cambios en las medidas de coerción
El régimen de medidas de coerción incorpora reglas más estrictas sobre arrestos y órdenes de comparecencia, así como un mayor rigor en el control judicial y la revisión obligatoria. La reforma establece un plazo razonable máximo de cuatro años para casos ordinarios y cinco años para casos complejos, con criterios claros para su cómputo.
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Además, la revisión de decisiones en apelación elimina la figura del “nuevo juicio”, otorgando a las cortes facultades para instruir el proceso conforme a las reglas del juicio, garantizando así un doble grado real y funcional.
Un sistema penal más moderno y coherente
La reforma moderniza profundamente la administración de justicia penal, al promover celeridad, economía procesal, especialización y consenso. Asimismo, armoniza el CPP con el nuevo Código Penal, especialmente en la clasificación actualizada de las infracciones.
Peralta resaltó que la elaboración del texto fue el resultado de extensas sesiones de trabajo entre el Congreso y actores clave del sistema de justicia, incluyendo Ministerio Público, Defensa Pública, Poder Judicial, Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y diversos representantes del sector jurídico.
Con esta reforma, junto a la Ley de Extinción de Dominio y el nuevo Código Penal, la República Dominicana avanza hacia una justicia penal más humana, moderna y efectiva, adaptada a los desafíos institucionales contemporáneos.
