El 75% de los encuestados en América Latina y el Caribe redujo al menos un gasto durante el último año para cubrir los costos de vivienda, según un estudio de la ONG Hábitat para la Humanidad que recoge experiencias de 30,758 personas en 22 países a nivel global.
Los costos de vivienda están comprimiendo el consumo y el bienestar de millones de hogares en la región. El 33% de los encuestados recortó gastos en alimentos, el 32% recurrió a ahorros o fondos de emergencia y el 13% retrasó o evitó atención médica para hacer frente al gasto habitacional, lo que evidencia una presión que se traslada directamente a la salud, la nutrición y la seguridad financiera de las familias.
Déficit estructural y doble exclusión
La presión sobre el gasto se desarrolla sobre una estructura habitacional con un déficit que afecta a más del 40% de la población regional, de acuerdo con Ernesto Castro, vicepresidente de Área para América Latina y el Caribe de Hábitat para la Humanidad. Unos 120 millones de personas viven en asentamientos informales y más del 78% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad.
«Las familias no tienen los recursos para acceder a una vivienda o muchas veces a un alquiler y, por la altísima informalidad, no pueden acceder al financiamiento. Entonces, esto se convierte en una doble exclusión», explicó Castro a la agencia EFE.
Castro señala que el déficit habitacional latinoamericano es principalmente cualitativo, es decir, relacionado con los materiales de las construcciones y el acceso a servicios básicos, y agrava además cuatro brechas adicionales: asequibilidad, localización urbana, vulnerabilidad climática y debilidad institucional.
Impacto en decisiones de largo plazo y clima urbano
La presión habitacional alcanza también decisiones de largo plazo: el 56% de los encuestados en la región afirma que los costos de vivienda dificultan considerar la posibilidad de formar una familia, porcentaje que escala al 62% entre la Generación Z y los millennials.
Más del 80% de la población de América Latina y el Caribe vive en zonas urbanas o periurbanas, según Castro. El encarecimiento de la vivienda en las ciudades empuja a muchas familias hacia zonas periféricas, alejadas de sus empleos, con mayores costos y tiempos de transporte. Entre 2000 y 2022, además, unos 190 millones de personas de la región fueron afectados por desastres naturales, lo que agudiza la vulnerabilidad del parque habitacional existente.
La investigación, realizada en Argentina, Barbados, Brasil, Guatemala, México y Trinidad y Tobago, muestra que el 74% de los encuestados considera que muchas personas viven en edificaciones que no son seguras, mientras que un 18% afirma que su propio domicilio no los protege adecuadamente frente al calor, el frío o las inundaciones.
Políticas públicas y el vacío de los ingresos intermedios
Para Castro, parte del problema está en el diseño de las políticas públicas: existen hogares que superan los límites de ingresos establecidos para acceder a subsidios habitacionales, pero cuyos ingresos siguen siendo insuficientes para obtener financiación formal en el mercado. Este segmento queda atrapado entre ambos extremos, sin acceso ni a la ayuda del Estado ni al crédito privado.
El vicepresidente de Hábitat para la Humanidad propone revisar esos criterios de elegibilidad y considerar los ingresos de las familias independientemente de que procedan de empleos formales o informales, una reforma que implicaría replantear los sistemas de evaluación crediticia y los parámetros de los programas de subsidio en toda la región. Los próximos movimientos de tasas de interés en economías como la dominicana, donde el crédito hipotecario formal ya compite con la informalidad laboral extendida, definirán en buena medida si ese espacio se abre o se cierra aún más para los hogares de ingresos medios-bajos.
