El Ministerio de Hacienda y Economía ratificó que los subsidios a combustibles seguirán vigentes para amortiguar el alza de precios internacionales, aunque el propio ministro Magín Díaz admitió que estas ayudas generan tensión sobre las cuentas públicas. Si el petróleo permanece por encima de US$100 por barril, el gasto anualizado en ese rubro podría alcanzar RD$96,736 millones, cifra que, según el economista Henri Hebrard, desborda la capacidad del presupuesto de 2027.
Esa brecha fiscal pondría al Gobierno ante una disyuntiva concreta: sostener el nivel de ayudas actual, asumir un déficit mayor o trasladar parte del costo al precio que pagan los consumidores en los surtidores. Por ahora, Díaz descartó la segunda opción, pero evitó comprometerse con cifras para el próximo ejercicio presupuestario.
El peso fiscal de las ayudas
El Gobierno estima que la partida destinada únicamente a subsidios de carburantes ascenderá a unos RD$40,000 millones en 2026. Sumadas las transferencias a electricidad y fertilizantes, el total de apoyos en esas tres categorías llegaría a RD$142,200 millones, de acuerdo con estimaciones oficiales.
Hebrard precisó que su cálculo de RD$96,736 millones en subsidios a combustibles proyecta hacia un año completo el desembolso semanal registrado en el período analizado, y no representa un gasto ya comprometido. Con todo, advirtió que si las cotizaciones internacionales siguen elevadas, las autoridades podrían verse forzadas a autorizar nuevos incrementos en los precios locales de la gasolina y el diésel, lo que repercutiría en tarifas de transporte y en el costo de una amplia gama de bienes y servicios.
A esa presión se agrega el riesgo sobre la canasta alimentaria. El economista Juan del Rosario señaló que el encarecimiento simultáneo de los carburantes y de los insumos de origen importado, en un entorno de debilitamiento del peso frente al dólar, puede encarecer la producción avícola y porcina y empujar hacia arriba los precios del pollo, el cerdo y los huevos. El alcance real del efecto, aclaró, estará condicionado por la evolución de la oferta y las dinámicas propias de cada mercado.
La posición del Gobierno
Ante periodistas, Díaz fue directo sobre la lógica de la política: «Estamos dando muchos subsidios, eso impacta las finanzas públicas, pero es un costo que estamos dispuestos a asumir para no tener que hacer el traspaso de los precios internacionales 100% al bolsillo del consumidor». El ministro subrayó que el encarecimiento no se reduce al crudo: el diésel y la gasolina, explicó, han registrado alzas en los mercados internacionales incluso superiores a las del petróleo.
Díaz también descartó que la República Dominicana sea la fuente del problema. «No es una situación que nosotros creamos, no la controlamos tampoco, porque son precios internacionales», sostuvo, y añadió que Europa y Asia enfrentan dificultades similares. Ante la pregunta de qué hará el Gobierno en 2027, el ministro eludió comprometerse con medidas concretas y apostó por la concertación: «Lo que debe primero motivarse ahora es un diálogo nacional, porque el tema es que hay demasiada incertidumbre, no sabemos cuándo va a terminar esta crisis».
Transportistas exigen ampliar el debate
El contexto de las declaraciones de Díaz no es casual. Juan Hubieres, al frente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO), había exigido públicamente que cualquier discusión sobre subsidios abarque todos los sectores económicos, no solo el transporte. Hubieres cuestionó que la mirada oficial se concentre en las ayudas a los operadores de vehículos sin considerar los incentivos y beneficios que reciben otras actividades productivas.
Mario Díaz, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC), alineó su posición con la de Hubieres. «Los trabajadores del transporte no pueden ser señalados como responsables de los problemas económicos del país por recibir determinados subsidios, mientras se deja fuera del debate el conjunto de incentivos y beneficios que reciben otras actividades económicas», declaró. El dirigente sindical reclamó una mesa nacional amplia, con representantes del transporte, el empresariado, los trabajadores y los demás sectores productivos, para revisar la distribución de las ayudas estatales «con todas las cifras sobre la mesa y con el mismo criterio para todos».
El viernes 23 de octubre, el Consejo Económico y Social (CES) celebró una reunión, aunque su presidente, Rafael Toribio, confirmó que el asunto del diálogo nacional no figuró en la agenda de ese encuentro. La elaboración del presupuesto de 2027 será la siguiente prueba de fuego: en ese documento quedará plasmado si el Gobierno puede mantener el ritmo actual de subsidios a combustibles o si deberá repartir una mayor porción del costo entre los consumidores.
