El gasto en pensiones de México llegará a 2.5 billones de pesos en 2027, equivalentes al 6.3% del PIB, según cálculos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos, una factura que crece al mismo ritmo en que la demografía del país se transforma de forma acelerada.
La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicada esta semana, confirma que la edad mediana de los mexicanos pasó de 29 a 32 años entre 2020 y 2025. Simultáneamente, la proporción de personas no activas económicamente que declararon estar pensionadas o jubiladas subió de 8.2% a 10.9% en el mismo período. Más de uno de cada seis hogares del país, el 16.6% frente al 13% de 2020, ya recibe ingresos de una jubilación o pensión, un cambio estructural que presiona las finanzas públicas y estrecha el margen para gastar en salud, educación e infraestructura.
Una carga que rivaliza con la inversión pública
Solo las pensiones contributivas crecerán 4.7% en términos reales respecto de 2026, impulsadas principalmente por mayores erogaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Las Pensiones para el Bienestar, en cambio, tendrán un incremento real de apenas 0.1%, reflejo de las presiones fiscales que enfrenta el gobierno federal.
La magnitud de la cifra se entiende mejor en comparación con el resto del presupuesto. Las pensiones y el costo financiero de la deuda absorberán juntos cerca de 3.9 billones de pesos en 2027, más de tres veces el monto destinado a inversión pública, según el CIEP. La misma institución calcula que aproximadamente 80% del presupuesto federal ya corresponde a gasto obligatorio, lo que deja un espacio fiscal equivalente a apenas 1.6% del PIB para atender nuevas prioridades.
El riesgo, de acuerdo con el CIEP, no es que el sistema colapse de manera inmediata, sino que una proporción creciente del presupuesto deberá destinarse a financiar pensiones, reduciendo el margen disponible para inversión, salud y otros servicios esenciales.
México envejece más rápido y nace menos
El otro frente del problema es demográfico. La Tasa Global de Fecundidad cayó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a apenas 1.2 en 2024, muy por debajo del nivel de aproximadamente 2.1 hijos necesario para mantener estable una población en ausencia de migración, según el Inegi. La caída es especialmente pronunciada en Ciudad de México, donde la tasa llegó a 0.8 hijos por mujer, mientras Baja California registró 1.0 y Querétaro 1.1. Incluso Chiapas, la entidad con la fecundidad más alta del país, alcanzó apenas 1.8.
Mexico llegó a 130.9 millones de habitantes en octubre de 2025, pero la población residente en viviendas particulares creció apenas 0.7% promedio anual entre 2020 y 2025, por debajo del 1% registrado en el quinquenio anterior. Eso significa que, con el paso de los años, habrá proporcionalmente más personas en edad de jubilación y menos jóvenes incorporándose al mercado laboral para sostener el sistema.
El SAR administra 78.5 millones de cuentas
Más allá del gasto público, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) continúa expandiéndose. A agosto de 2026 acumulaba 78.5 millones de cuentas, de las cuales cerca de 70.5 millones estaban administradas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Esa cifra no equivale directamente al número de personas que recibirán una pensión, dado que una misma persona puede aparecer en el registro en distintas condiciones y no todas las cuentas están activas, pero da una idea de la escala que el sistema deberá administrar en las próximas décadas.
El desafío central, según el análisis del CIEP, es una combinación de factores que se retroalimentan: más personas llegando a la jubilación, menor crecimiento de la población joven, carreras laborales marcadas por la informalidad y una carga presupuestaria que seguirá aumentando conforme México envejezca. La pregunta que quedará sobre la mesa para los responsables de política fiscal es en qué medida ese creciente gasto en pensiones de México podrá coexistir con las demandas de inversión productiva que el país también necesita.
