La competitividad regulatoria en Europa enfrenta un desafío real, pero también un cambio de dirección, según el análisis divulgado por la fuente. El continente arrastra una elevada complejidad regulatoria y una aplicación supervisora todavía fragmentada, factores que pueden afectar a la competitividad y dificultar la actividad transfronteriza de las empresas.
No obstante, el análisis matiza que no resulta acertado concluir que el marco europeo sea, con carácter general, contrario a los principios del mercado único. La propia ESMA —la Autoridad Europea de Valores y Mercados— ha reconocido la necesidad de modernizar el marco regulatorio, mejorar la coherencia supervisora y valorar una mayor centralización de determinadas funciones.
En esa dirección, la Comisión Europea puso en marcha la Unión de Ahorros e Inversiones y presentó el Market Integration and Supervision Package. Estas iniciativas buscan simplificar la actividad transfronteriza, reducir duplicidades, limitar el gold-plating —la práctica de añadir requisitos nacionales por encima de lo que exige la norma europea—, agilizar la distribución de fondos y reforzar tanto la convergencia supervisora como el papel de ESMA.
La Comisión también incluyó en su agenda la iniciativa A simpler and faster Europe, que recoge el compromiso de reducir las cargas administrativas al menos un 25% para el conjunto de las empresas y un 35% para las pymes.
El organismo insiste en que no se trata de desregular, sino de regular de una forma más sencilla, coherente y previsible. Por ello, el foco se sitúa actualmente en la simplificación del marco normativo, según precisa la fuente.
Otro ejemplo de este proceso es la transición a T+1, prevista para el 11 de octubre de 2027. Aunque exige un esfuerzo operativo importante, debería mejorar la eficiencia de la liquidación, reducir riesgos y acercar el mercado europeo a otros grandes mercados internacionales, como el de Estados Unidos.
En conclusión, existe un problema real de competitividad regulatoria, pero también se percibe un giro. La clave estará en que estas iniciativas se traduzcan en una simplificación efectiva y no terminen generando una nueva capa de regulación.
Respecto a la supuesta ausencia de técnicos económicos y empresariales en las instituciones europeas, el análisis sostiene que el problema no debería plantearse en esos términos, ya que los organismos europeos cuentan con apoyo especializado en las distintas áreas necesarias para desarrollar adecuadamente sus funciones.
