Los conductores dominicanos pagarán RD$2,000 por el marbete si su vehículo fue fabricado hasta 2021 y RD$4,000 si es de 2022 en adelante, un alza del marbete de hasta 33% frente al período anterior que economistas y expertos tributarios consideran jurídicamente frágil.
La polémica toca el bolsillo de los propietarios de vehículos privados y el de los transportistas, que temen un efecto sobre sus costos y sobre los pasajes. Además abre una pregunta de fondo: si una resolución administrativa puede sostener tarifas fijas cuando la ley describe un impuesto calculado sobre el valor del carro.
Lo que dispuso la DGII
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) fijó las nuevas tarifas mediante la Resolución Administrativa núm. DDG-AR1-2026-00009. Los montos suponen RD$500 más para los vehículos hasta 2021 y RD$1,000 más para los de 2022 en adelante.
De acuerdo con lo divulgado, la medida pretende reponer la inflación acumulada desde que las tarifas se actualizaron por última vez. Varios economistas replican que el aumento queda por debajo de la inflación de los últimos diez años, un dato que, a su juicio, pone en duda el método de cálculo.
La DGII defiende que el párrafo III de la ley la autoriza a ajustar por inflación. Según el organismo, la resolución no crea un tributo ni cambia la alícuota (el porcentaje que se aplica sobre la base del impuesto), así que no sería una reforma tributaria disfrazada. Su director general, Pedro Urrutia Sangiovanni, explicó que la norma contempla el Impuesto a la Circulación Vehicular (ICV), el ajuste por inflación y montos fijos que dependen de la antigüedad del vehículo.
Un impuesto del 1% que no se aplicó
El artículo 15 de la Ley 253-12, promulgada el 9 de noviembre de 2012, crea un gravamen anual de circulación equivalente a 1% del valor del vehículo. En la práctica nunca se aplicó de manera general: siguió vigente el régimen de tarifas fijas heredado de la Ley 495-06, modificada por la Ley 225-07.
Alexis Rodríguez, ex presidente y asesor del Consejo Nacional de Consultores Impositivos (Conaci), sostiene que ese régimen debió ser reemplazado hace casi 14 años por un cobro basado en el valor. Atribuye la omisión al costo político, la presión de grupos de interés, la doble moral, el populismo, la falta de voluntad política, la indiferencia y un silencio deliberado ante las coyunturas.
Rodríguez calcula que, con el esquema porcentual y el ajuste por inflación, el pago mínimo no bajaría de RD$1,200 o RD$2,200, según el caso. Añade que los vehículos más caros y de gama alta cargarían un monto sensiblemente mayor, aunque, indicó, muchos de ellos contaminan menos.
Reserva de ley y equidad
El economista Haivanjoe Ng Cortiñas afirmó que la subida no parece contravenir el Presupuesto 2026, pero que la resolución es vulnerable en el terreno de la reserva de ley, el principio que reserva al Congreso la creación de impuestos. En su lectura, la Ley 253-12 establece 1% del valor, con un mínimo y tarifas para el transporte público, y no incluye una escala general de RD$2,000 y RD$4,000.
Ng Cortiñas recordó que la Constitución encarga al Congreso fijar los tributos y a la DGII administrarlos y aplicar la ley. Por eso advirtió que modificar las reglas con fines recaudatorios podría equivaler a una reforma impositiva ilegal. También calificó de decisión discrecional el haber optado por 33% cuando la estimación era de 58.1%.
Luis Piantini Munnigh coincide en que la ley prevé 1% sobre el valor según el año del vehículo, más el ajuste por inflación, y que las tarifas fijas se reservan al servicio público. Pidió un examen jurídico detenido a la luz de la legalidad tributaria y de la jerarquía de las normas. Señaló además una incongruencia y una injusticia social: la tarifa fija alcanza a todos los vehículos, y no el gravamen porcentual a los de lujo. Según Piantini, eso favorece a los dueños de autos de gama alta y a los importados con exoneraciones, y la carga pesa proporcionalmente más sobre los de menor precio.
Efecto en hogares y transportistas
El ex ministro Juan Ariel Jiménez, catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aseguró que el Gobierno implementó una reforma fiscal ilegal y tildó de desproporcionado el incremento para el ciclo 2026-2027. Recordó que el alza se suma al encarecimiento de los alimentos, atado a precios internacionales y sin aumentos salariales equivalentes. «Entonces, este aumento del incremento del marbete vuelve a darle otro golpe al presupuesto de los dominicanos», dijo.
Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), pidió revisar la subida y planteó que los mayores ajustes recaigan de forma escalonada sobre los vehículos privados y de lujo. Dijo que «el chofer no aguanta más impuestos» y que el reajuste debe ser proporcional. A su juicio, el incremento presiona a los transportistas de pasajeros y eleva sus costos operativos, lo que podría reflejarse en los pasajes.
Queda abierto el debate sobre si la DGII debe aplicar el 1% sobre el valor del vehículo, como establece la ley, o mantener el sistema de tarifas fijas. De esa discusión dependerán la recaudación, el reparto de la carga entre autos baratos y caros y la confianza ciudadana en la política tributaria, además del eventual traslado del alza a los pasajes.
