Un proyecto de ley depositado este martes 20 de octubre en la Cámara de Diputados propone reducir un 30% los intereses de tarjetas de crédito que cobran las entidades financieras en la República Dominicana, con un techo máximo del 45% anual y la obligación de reintegrar cualquier cobro indebido a los usuarios.
La iniciativa fue presentada por el diputado Alcibíades Tavárez, de la Fuerza del Pueblo, y busca modificar la Ley Monetaria y Financiera para ampliar las protecciones a los tarjetahabientes. La reducción de intereses de tarjetas de crédito aplicaría tanto a las deudas ya acumuladas como a los nuevos consumos financiados con plástico, lo que afectaría directamente el costo del crédito al consumo que hoy soportan miles de familias y pequeños negocios dominicanos.
Límite de tasas y protección al capital pagado
La propuesta establece que ninguna entidad financiera podría cobrar tasas superiores al 45% anual, incluso si el cálculo previsto en la misma ley arrojara un resultado mayor. Ese porcentaje operaría como un tope absoluto.
El proyecto también impediría que los bancos calculen intereses sobre montos que el cliente ya haya abonado. En concreto, plantea que cada pago al capital reduzca el saldo pendiente sobre el cual se computan los intereses, una práctica que actualmente genera controversia entre los consumidores. Si una entidad realiza cobros en sentido contrario, tendría que devolver el dinero o acreditarlo a favor del usuario, según establece la iniciativa.
Transparencia en estados de cuenta y supervisión
En materia de transparencia, el proyecto exigiría que los estados de cuenta detallen el saldo adeudado, el monto pagado en intereses, las comisiones aplicadas y el pago mínimo mensual. Adicionalmente, los bancos tendrían que incluir una estimación del tiempo que tomaría al tarjetahabiente liquidar su deuda si se limita a cubrir el mínimo cada mes. Según el diputado Tavárez, esta medida busca que los usuarios «comprendan las consecuencias de mantener ese patrón de pago».
La iniciativa también eliminaría las penalizaciones por pagos anticipados, ya sean parciales o totales. En cuanto a la supervisión, plantea que la Superintendencia de Bancos publique comparativas de tasas, comisiones y otros cargos entre entidades, para que los consumidores puedan evaluar las diferencias entre las ofertas del mercado.
Plazos de implementación
Si la ley fuera aprobada, la Junta Monetaria dispondría de 120 días desde su promulgación para emitir las normas reglamentarias. Las entidades financieras tendrían luego hasta 90 días adicionales para adaptar sus contratos, sistemas y estados de cuenta.
El proyecto será incluido en la agenda de la próxima sesión de la Cámara de Diputados para su traslado a comisión, donde comenzará el análisis legislativo. Los mercados financieros y las asociaciones bancarias seguirán de cerca el debate, dado que una reducción de esta magnitud alteraría el margen de ingreso por cartera de crédito al consumo de la banca múltiple.
Fuente: Diario Libre
