El escándalo del Banco Master en Brasil irrumpió en la escena política del país a menos de un mes de las elecciones nacionales del 4 de octubre, tras la detención de su fundador, Daniel Vorcaro, en el aeropuerto de Guarulhos el 17 de noviembre de 2025, cuando intentaba abordar un jet privado. Vorcaro enfrenta cargos de fraude bancario, corrupción y blanqueo de capitales, y actualmente aguarda sentencia.
La liquidación ordenada por el Banco Central de Brasil dejó pérdidas estimadas en 47,300 millones de reales (unos 8,000 millones de euros). El Fondo de Garantía de Créditos (FGC), equivalente brasileño del FDIC estadounidense, reembolsó alrededor del 90% de esa suma a depositantes y accionistas, en el mayor desembolso de su historia. La magnitud del rescate no solo estremeció al sistema financiero: las investigaciones posteriores revelaron que el banco operaba con una extensa red de influencias políticas y judiciales que ahora amenaza con redefinir el resultado electoral.
Una red que abarca los tres poderes
Desde 2018, el Banco Master había firmado contratos para gestionar fondos de pensiones estatales y municipales, lo que le daba acceso directo a recursos públicos. Según los investigadores, Vorcaro construyó una red que incluía economistas, lobbistas, burócratas, políticos y jueces: a unos los contrató para respaldar al banco; a otros, afirma la fiscalía, los sobornó directamente. Cuando alguna estrategia fallaba, supuestamente recurría a la intimidación y el chantaje contra periodistas y funcionarios.
En el espectro político de derecha, los investigadores señalan que Vorcaro ofreció dinero en efectivo y ventajas a varios legisladores, entre ellos el senador Ciro Nogueira, exministro del gobierno de Jair Bolsonaro. Las unidades de inteligencia financiera de Brasil rastrearon además 12.3 millones de dólares hacia el fondo de Texas que financia la película biográfica de Bolsonaro, incluidos 1.6 millones enviados en septiembre de 2025 a petición del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y candidato presidencial. Mensajes de voz filtrados del teléfono de Vorcaro también comprometen al diputado Nikolas Ferreira, figura prominente de la ultraderecha, en aparentes solicitudes de favores políticos.
En el lado izquierdo, la Policía Federal alega que el senador Jaques Wagner, entonces jefe del bloque de gobierno del presidente Lula en el Senado, recibió un apartamento en Salvador y 3.5 millones de reales (unos 592,550 euros). Las pesquisas también revelaron que Rui Costa, gobernador de Bahía y posteriormente jefe de gabinete de Lula, favoreció en 2018 negocios de Vorcaro al permitir que empleados públicos accedieran a préstamos a altas tasas de interés vinculados al banco.
El Tribunal Supremo, en el centro de la tormenta
Las acusaciones más graves apuntan al Poder Judicial. El magistrado del Tribunal Supremo Dias Toffoli se inhibió en febrero de la investigación sobre el Banco Master luego de que trascendieran pagos de al menos 35 millones de reales (unos 5.9 millones de euros) desde fondos vinculados a Vorcaro a un complejo turístico en Paraná en el que Toffoli tenía participación; el magistrado niega irregularidades. El hijo de otro juez supremo, Kássio Nunes Marques, recibió 281,600 reales (cerca de 48,000 euros) mediante un contrato de consultoría pagado por el banco, según la investigación.
La acusación más explosiva involucra al magistrado Alexandre de Moraes, conocido por su papel en los procesos contra Bolsonaro: el bufete de abogados de su esposa, Viviane Barci de Moraes, firmó un contrato de 131 millones de reales (unos 22.2 millones de euros) con el Banco Master. La policía recuperó además fragmentos de conversaciones entre Vorcaro y Moraes que sugieren una relación de inusual cercanía, aunque los investigadores no han presentado pruebas de que Moraes actuara a petición del banquero. Esas conversaciones fueron divulgadas por el magistrado André Mendonça, exfiscal general y exministro de Justicia de Bolsonaro, quien ahora conduce las pesquisas sobre el caso y sostiene una abierta disputa con el grupo afín a Moraes dentro del propio Tribunal.
El escándalo, un factor determinante para octubre
El caso llega en un momento de fragilidad institucional que se gestó durante años. Desde el juicio político a Dilma Rousseff en 2016, el Congreso amplió sus poderes presupuestarios de forma sostenida: las asignaciones legislativas de gasto pasaron de 12,900 millones de reales en 2017 a 61,000 millones de reales en 2026, equivalente a aproximadamente una cuarta parte de todo el gasto federal discrecional, lo que erosionó la capacidad del Ejecutivo de disciplinar su coalición. El activismo judicial se profundizó durante el gobierno de Bolsonaro y nunca se retiró. En ese vacío institucional, alegan los investigadores, Vorcaro encontró el espacio para comprar acceso a los tres poderes del Estado de forma independiente.
Lula, aunque no aparece mencionado en la trama, tardó en pronunciarse. Rompió su silencio solo cuando la fractura dentro del Tribunal Supremo se tornó insostenible, y exigió la desclasificación de todos los expedientes del caso. Flávio Bolsonaro, por su parte, demanda la renuncia de Moraes sin haber explicado el destino de los fondos de Vorcaro que debían financiar el documental de su padre.
El desenlace electoral del 4 de octubre determinará si el escándalo del Banco Master se convierte en una palanca de reforma institucional o queda archivado. Lo que sí está claro es que la próxima presidencia, sea quien sea quien la asuma, heredará un sistema político cuyas fracturas el caso Vorcaro no creó, pero sí expuso con una brutalidad sin precedentes.
