DIARIO FINANCIERO.- El general retirado Adán Cáceres Silvestre presentó su alegato final en el proceso judicial de los casos Coral y Coral 5G, cerrando cinco años de litigio con una estrategia centrada en dos ejes: debilidad probatoria del Ministerio Público y defensa del estado de inocencia.
Durante su intervención, el imputado cuestionó el rol del órgano acusador. “El Ministerio Público quiere ganar el caso, no hacer justicia”, afirmó, marcando una línea crítica sobre la lógica de persecución penal en el país. A su juicio, la responsabilidad de impartir justicia recae exclusivamente en el tribunal, sujeto a la ley y no a presiones externas.
El caso gira en torno a la acusación del Ministerio Público de un presunto desfalco superior a RD$4,500 millones, vinculando recursos del Cusep, Cestur y Conani. Se trata de una de las mayores imputaciones de corrupción administrativa en República Dominicana, con impacto directo en la percepción de gestión de fondos públicos.
Sin embargo, la defensa sostiene que no existe individualización de responsabilidades. Cáceres argumentó que nunca se especificó qué fondos manejó ni cómo se habría beneficiado, cuestionando la falta de detalle en las imputaciones. Calificó la narrativa fiscal como “tremendista y amarillista”, señalando una supuesta estrategia basada en cifras globales sin sustento técnico individual.
Sobre el cargo de asociación de malhechores, afirmó que no se ha demostrado la existencia de acuerdos ilícitos. Subrayó que no se presentaron pruebas directas, como testigos, videos o documentos que lo vinculen a actividades ilegales. Incluso indicó que testigos del propio Ministerio Público habrían negado la existencia de conspiraciones.
En el plano financiero, defendió el origen de sus recursos. Según los informes periciales citados, la mayoría de los fondos en sus cuentas provendrían de ingresos lícitos, incluyendo salarios e inversiones. Además, cuestionó la validez técnica de las auditorías, alegando interferencias que comprometen su independencia y valor probatorio.
El imputado también introdujo un argumento estructural sobre el proceso judicial: la limitación epistemológica del juicio. Recordó que ni fiscales ni jueces presenciaron los hechos, por lo que la decisión depende exclusivamente de la calidad de las pruebas. En ese contexto, planteó dudas sobre si el expediente cumple con el estándar de “más allá de toda duda razonable”.
Finalmente, reforzó su defensa desde una perspectiva constitucional. Definió el estado de inocencia como un derecho fundamental ampliado, que protege a los ciudadanos frente a excesos del poder estatal, y aseguró que esa convicción sostuvo su conducta durante el proceso.
Con el cierre de los alegatos, el tribunal deberá determinar si el acervo probatorio justifica una condena o evidencia fallas estructurales en la acusación. La decisión tendrá implicaciones que trascienden el caso individual, particularmente en materia de rendición de cuentas sobre recursos públicos y credibilidad institucional.
