Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay el 5 de noviembre, a tres años de un mandato de cinco, en una jornada en la que la Cámara de Diputados aprobó por 78 votos contra ninguno la acusación que abre la vía al juicio político. La salida ocurre dos días después de que el Banco Central interviniera Ueno Bank, una entidad digital con casi tres millones de clientes.
El caso toca el ahorro de más del 60% de los adultos paraguayos y a instituciones públicas que colocaron allí sus recursos, entre ellas el fondo de pensiones. Para el lector dominicano es un ejemplo de lo que puede pasar cuando un banco de crecimiento acelerado concentra dinero del Estado y la supervisión del regulador queda bajo sospecha: los depósitos se congelan, los jubilados dejan de cobrar y la crisis financiera se convierte en crisis política.
En un video publicado en la red social X, Peña declaró: \»He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas\». Pidió disculpas, aunque sin reconocer responsabilidad en la quiebra, y reclamó que se garantice la devolución de los depósitos y la protección de los fondos públicos. Según la información disponible, el vicepresidente, Pedro Alliana, quedó señalado como su sucesor.
De la caída de la aplicación a la renuncia
La crisis comenzó en la madrugada del martes 3 de noviembre, cuando la aplicación móvil de Ueno Bank dejó de funcionar. El Banco Central del Paraguay (BCP) tomó el control de la entidad después de verificar que su índice de solvencia (la relación entre el capital propio y los riesgos que asume el banco) estaba por debajo de la mitad del mínimo que exige la ley, es decir, menos del 50% de ese piso.
La intervención dejó sin acceso a sus ahorros a millones de personas, entre ellas pensionistas, y trajo protestas frente a las sucursales. La justicia abrió además una causa penal con medidas contra ocho directivos, de los cuales siete fueron detenidos.
Ese mismo día, Peña pidió la salida de Carlos Carvallo de la presidencia del BCP, y este dimitió. El mandatario promulgó también una ley que habilita el Fondo de Garantía (el mecanismo que protege a los depositantes) para empezar a reembolsar a los ahorristas.
Por su parte, 35 diputados presentaron el pedido de juicio político por supuestos conflictos de intereses, irregularidades en el manejo de fondos de previsión y fallas de supervisión. El documento objetaba, asimismo, la designación en el Banco Central de alguien que venía de la directiva de Ueno. La Conferencia Episcopal Paraguaya exigió transparencia, devolución de los ahorros y justicia. El golpe político definitivo llegó cuando el Partido Colorado, la fuerza oficialista, le retiró su respaldo. La acusación, aprobada en Diputados, queda ahora en manos del Senado.
Dinero público y préstamos a empresas relacionadas
Antes de la intervención, Ueno Bank custodiaba cerca de US$850 millones de fondos públicos. De esa suma, unos US$355 millones eran inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS), de acuerdo con datos que funcionarios de esa entidad entregaron a la agencia EFE. El banco también procesaba los depósitos para el pago de pensiones de unos 32,000 jubilados.
El crecimiento del banco se aceleró tras obtener la autorización para operar como banco comercial, en diciembre, cuatro meses después de que Peña asumiera el poder. Antes eran una financiera. En 2024, el BCP aprobó además mecanismos para facilitar que la entidad absorbiera a Visión Banco.
El diario ABC Color divulgó un informe de supervisión del BCP, con fecha del 10 de julio, que registraba préstamos por unos US$123 millones a tres compañías vinculadas al banco: Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A. Esa cartera equivalía al 30% del patrimonio efectivo de la entidad, frente a un tope regulatorio de 20%. El exceso rondaba los US$41.5 millones.
El nombramiento de Carvallo añadió presión. Había sido director de la Financiera Ueno hasta agosto y luego pasó a vigilar el sistema bancario desde el BCP. La institución afirmó que él se mantuvo al margen de las decisiones sobre su exempleador, pero las críticas aumentaron en octubre, cuando salieron a la luz los informes internos sobre esos créditos.
Las acciones del presidente y de su hermano
Las declaraciones juradas de patrimonio de Peña muestran que, en agosto de 2023, dos semanas después de asumir, declaró acciones por 6,144 millones de guaraníes (unos US$840,000 en ese momento) en Ueno Holding Saeca, antes llamada Credicentro. En marzo de 2025 esa tenencia equivalía al 1.58% del capital, según registros que revisó ABC Color.
Otros socios del holding eran el Grupo Vázquez, Ueno Seguros e ITTI Saeca, compañías que mantenían vínculos comerciales con entidades públicas. El Grupo Vázquez, liderado por el empresario Miguel Vázquez, era además el controlante de Ueno Bank.
El presidente vendió su paquete a fines de marzo de 2025 y se lo comunicó al Banco Central el 4 de abril. Hasta entonces había pasado cerca de un año y siete meses en el cargo conservando esa inversión. Su defensa sostiene que las acciones eran de un holding y no del banco, por lo que no habría conflicto de intereses. En octubre, quien presidía entonces el directorio de Ueno Bank admitió que ambas empresas tenían accionistas y directivos en común, pero aseguró que Peña no era accionista del banco.
Su hermano, Francisco Peña Palacios, figuró como accionista de U Holdings S.à r.l., una sociedad luxemburguesa del Grupo Vázquez, con 58 acciones valoradas en unos US$58,000. Esa firma tenía participación en U Paraguay S.A., entre los accionistas de Ueno Bank. Que su ingreso coincidiera con el aumento de los depósitos del IPS y de otras entidades estatales alimentó las denuncias, aunque, según la fuente, eso no prueba por sí solo que interviniera en la colocación de los fondos.
Peña mantuvo además vínculos directos con el banco. Sus inversiones en certificados de depósito de ahorro en Ueno Bank subieron 133%, de 2,400 millones de guaraníes en 2023 a 5,600 millones en septiembre. También declaró un préstamo de 2,232 millones de guaraníes con la entidad para construir una casa de verano en San Bernardino, valorada en 7,750 millones de guaraníes (cerca de US$1.09 millones). Según explicó, financió la obra con ese crédito, con dinero de la venta de sus acciones y con financiamiento de una constructora.
Lo que viene es la decisión del Senado sobre la acusación ya aprobada, la asunción de Alliana, el ritmo con que el Fondo de Garantía pague a los ahorristas y los avances del proceso penal contra los directivos del banco, datos que definirán si se recupera la confianza en el sistema financiero paraguayo.
