La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) emitió un respaldo formal a los recientes nombramientos en la Suprema Corte de Justicia, señalando que el perfil profesional de los magistrados seleccionados reúne las condiciones para afianzar la seguridad jurídica que el sector productivo reclama como requisito para invertir y crear empleos en la República Dominicana.
La entidad subrayó que cuando los tribunales aplican las leyes de forma previsible y resuelven los conflictos con prontitud, se generan las condiciones que las empresas necesitan para operar y expandirse. Ese vínculo entre calidad judicial e inversión privada es una posición que la AIRD ha sostenido de manera consistente y que ahora traslada al nuevo escenario del máximo tribunal del país.
Los siete magistrados que renuevan el tribunal
El gremio saludó la designación de Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Junto a él, seis magistrados se suman a la composición del tribunal: Ylona María de la Rocha Camilo, Diomedes Ydelfo Villalona Guerrero, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Antonia Josefina Grullón Blandino y Julio César Emilio Canó Alfau, de acuerdo con el comunicado emitido por la asociación.
La AIRD puso énfasis en la diversidad de trayectorias que aporta este grupo. Algunos de los designados construyeron su carrera dentro del sistema judicial, mientras que otros provienen del litigio privado, la cátedra universitaria y el arbitraje comercial. Para el gremio, esa mezcla de experiencias enriquece la deliberación del tribunal y puede contribuir a una mayor consistencia en los criterios jurídicos que emite.
La seguridad jurídica como factor de competitividad
En su comunicado, la AIRD planteó que la seguridad jurídica no es solo una garantía ciudadana, sino un componente directo de la competitividad económica. Una justicia que responde con eficiencia a quienes acuden a ella, tanto personas físicas como empresas, reduce la incertidumbre que inhibe la inversión y dificulta la planificación de los negocios a largo plazo.
El sector industrial dominicano ha argumentado históricamente que la calidad del sistema judicial incide en la atracción de inversión extranjera directa. En esa lógica, la AIRD valoró la nueva conformación del tribunal como una oportunidad para fortalecer la respuesta institucional a ciudadanos y empresas, y expresó su expectativa de que los magistrados pongan su experiencia al servicio de una justicia independiente, eficiente y comprometida con el Estado de derecho, según consignó el comunicado.
La evolución de los criterios jurídicos del tribunal en materia comercial y contractual en los próximos meses será el indicador concreto que permitirá al empresariado dominicano evaluar si los nombramientos se traducen en la previsibilidad legal que el sector productivo demanda.
