El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, flexibilizó el martes el porte de armas legales al expedir un decreto que suspende la restricción impuesta en 2015 que impedía a ciudadanos con armas legales portarlas en espacios públicos, en medio de una aguda crisis de seguridad alimentada por el narcotráfico y grupos armados.
La medida amplía los derechos de los propietarios legales de armas sin modificar los requisitos para adquirirlas. Quienes ya tenían armas registradas y habilitadas podrán ahora circular con ellas en la vía pública, algo que la norma anterior prohibía. La restricción para la compra se mantiene: los interesados en adquirir un arma deben acreditar «condiciones físicas, psíquicas y emocionales», según explicó el propio mandatario.
El argumento del gobierno
«No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente inocente no pueda defenderse», afirmó De la Espriella en un video difundido en su cuenta de X. El mandatario llegó al poder hace un mes con la promesa de enfrentar con «mano dura» a guerrilleros y otros grupos armados que operan en amplios territorios del país.
Durante su campaña, De la Espriella promovió abiertamente el porte de armas en una nación marcada por más de seis décadas de conflicto armado que ha dejado más de diez millones de víctimas, entre ellas al menos un millón de asesinados. El gobierno también emprendió un plan de bombardeos y operativos terrestres contra grupos clasificados como terroristas por Estados Unidos.
Contexto de seguridad y respaldo externo
Aunque el Estado colombiano posee el monopolio formal de la fuerza, existe un extenso mercado ilegal de fusiles, pistolas y municiones que abastece a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Esa realidad es el telón de fondo que el gobierno de De la Espriella invoca para justificar el decreto.
El presidente recibe este martes en visita oficial al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien Washington ha respaldado la estrategia de seguridad del gobierno colombiano. De la Espriella enfrenta, al mismo tiempo, críticas por videos en los que aparece caminando entre los cadáveres de miembros de grupos armados abatidos por las fuerzas públicas.
El próximo indicador a observar es si el decreto derivará en un aumento del número de ciudadanos que porten armas en las ciudades y si ese cambio incide en las estadísticas de violencia urbana en Colombia, un país donde la presión de los grupos irregulares no ha cedido pese a los operativos militares recientes.
