La pérdida de un ser querido es uno de los dolores más profundos que puede experimentar el ser humano. Sin embargo, en la República Dominicana, a ese duelo inevitable se le añade con frecuencia una dosis intolerable de indignación, impotencia y desamparo financiero. Vivir la enfermedad de un familiar en nuestro país se ha convertido en una carrera de obstáculos donde el ciudadano común es asaltado legal y alegremente por un sistema de salud que parece haber olvidado su juramento hipocrático para abrazar la fría lógica del mercado.
La promesa del Seguro Familiar de Salud (SFS), que en teoría nació para garantizar el acceso equitativo a la atención médica y proteger el bolsillo de los trabajadores, se ha desmoronado. Hoy en día, tener un carnet de ARS es, en el mejor de los casos, un paliativo menor, y en el peor, una simple ilusión.
El laberinto de las diferencias médicas:
Es una realidad cotidiana, usted llega a una clínica privada con una emergencia o una hospitalización programada y, a pesar de cotizar religiosamente cada mes, se encuentra con una barrera infranqueable llamada «copago» o «diferencia». Los montos exigidos por las clínicas para dar de alta a un paciente o realizar un procedimiento menor son, con frecuencia, exorbitantes.
Pero lo más alarmante y abusivo del esquema actual no ocurre necesariamente en la caja de la clínica, sino en las habitaciones de internamiento. Es allí donde desfila una pasarela de supuestos especialistas, médicos que el paciente o su familia muchas veces ni siquiera han solicitado formalmente. Aparecen cinco minutos, hacen un par de preguntas de rutina, firman un expediente y se marchan.
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El verdadero golpe llega al momento del alta. Esos minutos de visitas fugaces se traducen en honorarios médicos astronómicos que, para colmo de males, deben ser pagados estrictamente en efectivo. Lo paradójico y vergonzoso de este sistema es que la diferencia que se le termina pagando directamente a la clínica suele ser menor que la suma de los «peajes» que exigen de manera individual estos especialistas en las sombras.
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Frente a este escenario de canibalismo financiero, la pregunta obligada es: ¿Dónde están las autoridades? La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) y el propio Ministerio de Salud Pública parecen actuar como meros espectadores de un drama nacional. Las leyes y resoluciones que supuestamente regulan los topes de los copagos y protegen a los usuarios son letra muerta.
No hay consecuencias, no hay auditorías de oficio, no hay sanciones ejemplares. La impunidad con la que operan estos centros y profesionales es la prueba fehaciente de que en la República Dominicana la regulación es un mito urbano cuando se enfrenta a los grandes intereses económicos del sector salud.
No se puede seguir permitiendo que enfermarse en la República Dominicana sea sinónimo de quiebra financiera o de humillación. Es hora de que los reguladores despierten y apliquen la ley con la firmeza que la dignidad humana exige. La salud no puede seguir siendo el negocio más lucrativo del dolor dominicano.
Finanzas para no financieros.
