En la economía política de las reformas existe un debate clásico. Una corriente, asociada desde 1960 a Ronald Coase (Chicago), sostiene que las reformas que generan ganancias netas en términos de bienestar social acaban implementándose porque quienes se benefician de ellas pueden compensar a los que resultan perjudicados. Según esa posición, las economías tienden al equilibrio eficiente y los obstáculos institucionales pueden superarse mediante la negociación. El otro enfoque, que sintetizó en 1982 Mancur Olson (Maryland), ofrece una lectura menos optimista, pues defiende que los grupos de intereses bloquean los cambios que perciben como perjudiciales.
En el ensayo «¿Cómo ocurren las reformas?,» publicado en abril de 2026, los profesores Simeon Djankov (LSE), Edward Glaeser (Harvard) y Andrei Shleifer (Harvard) utilizan una base de datos de 3,590 intentos de cambios regulatorios —exitosos y fallidos— en 189 países entre 2005 y 2022 para analizar los factores determinantes del éxito. El estudio abarca seis dominios: apertura de empresas, regulación laboral, pago de impuestos, protección de inversionistas minoritarios, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencias.
El primer hallazgo de la investigación es revelador. Durante el período analizado, el mundo se volvió más amigable al mercado en tres ámbitos: el registro de una empresa se simplificó de manera sustancial; el pago de impuestos se volvió más sencillo, con reducciones significativas en las horas requeridas para cumplir las obligaciones tributarias; y la protección legal de los inversionistas minoritarios mejoró. En contraste, casi no se produjeron cambios en la resolución de insolvencias ni en el cumplimiento de contratos. Respecto a la regulación laboral, los países más ricos endurecieron sus marcos normativos.
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Los autores describen que los dominios donde más se avanzó son aquellos en los que predominan las reformas tecnológicas y administrativas —como la implementación de registros electrónicos de empresas o la digitalización de declaraciones de impuestos—, mientras que las áreas estancadas dependen de reformas legales que exigen la aprobación del Congreso. Esa distinción entre lo que puede modificarse mediante decreto o innovación tecnológica y aquello que requiere pasar por el poder legislativo constituye una de las aportaciones más robustas del estudio.
Un segundo elemento destacable consiste en la constatación de que los países que comenzaron el período con regulaciones más restrictivas y deficientes —por lo general, los menos desarrollados— mostraron mayores avances.
Para interpretar esos resultados, los autores construyen un modelo teórico en el cual el reformador —que puede ser el legislativo, el ejecutivo o el poder judicial— propone un cambio regulatorio y diseña mecanismos de compensaciónpara los grupos perjudicados. La propuesta puede ser bloqueada si se considera que las compensaciones son insuficientes.
El modelo identifica tres parámetros fundamentales. El primero es el retorno social de la reforma antes de los ajustes compensatorios, el cual tiende a ser mayor cuando la regulación previa es más restrictiva. El segundo refleja el mecanismo de compensación: cuanto más distorsionador sea, más costoso resultará indemnizar a los perdedores y, por tanto, más baja será la probabilidad de que la reforma se apruebe. El tercer parámetro es el número de puntos de veto; es decir, las instancias institucionales del poder político y de grupos de intereses cuya aprobación es necesaria para adoptar una reforma.
Según el estudio, la tasa de éxito de las reformas alcanza el 84% en los países ricos, mientras que apenas llega al 51% en los países poco desarrollados. Al mismo tiempo, las economías avanzadas intentan más reformas y las aprueban con mayor frecuencia, pero el impacto promedio de cada una sobre los índices regulatorios es limitado. Ese patrón —más intentos, mayor éxito, menor impacto unitario— es lo que predice el modelo cuando predomina la capacidad de compensar a los perdedores y alcanzar acuerdos.
Las reformas tecnológicas —aquellas que utilizan herramientas digitales o administrativas sin requerir nuevas leyes— registran una tasa de éxito global del 87%, frente al 71% de las reformas legales y el 60% de las administrativas. En dominios como la apertura de empresas, en el que el 41% de las reformas son tecnológicas, el éxito es casi universal. En regulación laboral, donde el 99% de las reformas son de naturaleza legal, los obstáculos aumentan.
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Quizá el hallazgo más provocador del estudio sea la relación entre intentos y resultados. Los países que más reforman no son los que más lo necesitan, sino los que poseen mayor capacidad institucional para hacerlo. La oferta de capacidad reformadora, y no la demanda generada por la urgencia de cambios, es lo que mejor explica el ritmo de las modificaciones regulatorias.
Las conclusiones del ensayo tienen implicaciones directas para el diseño de una estrategia óptima de ejecución de reformas en economías como la dominicana. El análisis costo-beneficio de toda reforma debe complementarse con una revisión rigurosa de su capacidad de ejecución. Esto significa que, además de priorizar las reformas por su impacto esperado en el bienestar —por ejemplo, teniendo en cuenta cuánto ganaría la economía si se flexibilizara el mercado laboral o cuál sería el beneficio de la modernización del magisterio— es preciso examinar también el marco institucional que puede condicionar su aprobación.
El estudio de Djankov, Glaeser y Shleifer demuestra que el diseño institucionalde las reformas —la instancia del gobierno desde la cual se proponen, el tipo de mecanismo requerido (tecnológico, administrativo o legal), la cantidad de actores con poder de veto sobre ellas y la capacidad del sistema para compensar a los grupos afectados— determina gran parte de la posibilidad de éxito, así como la magnitud de sus beneficios potenciales.
A la luz de esos hallazgos, puede recomendarse a los responsables de política económica que, además de identificar las reformas orientadas a elevar el nivel de bienestar presente y futuro, fortalezcan la capacidad institucional de compensar a los perdedores y reduzcan los puntos de fricción en el proceso de aprobación.
En síntesis, del estudio se desprenden dos lecciones fundamentales para facilitar la ejecución exitosa de las reformas. La primera es que el análisis de impacto de las medidas debe complementarse con la evaluación de la viabilidad institucional. La segunda enseña que fortalecer la capacidad reformadora resulta tan importante como identificar las reformas adecuadas para estimular el desarrollo económico y social.
