Santo Domingo, República Dominicana. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso una medida de coerción consistente en una garantía económica de RD$50 millones mediante aseguradora a Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, donde murieron 236 personas el pasado 8 de abril durante un evento artístico del merenguero Rubby Pérez.
La decisión judicial también incluye impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades judiciales, como parte del proceso legal abierto por el Ministerio Público, que detuvo a los hermanos Espaillat el pasado viernes.
La jueza Fátima Veloz, luego de más de 14 horas de deliberación, decidió no imponer prisión preventiva, como había solicitado el Ministerio Público, sino optar por medidas económicas y de control judicial. El caso fue oficialmente declarado complejo, lo que permite extender los plazos procesales y habilita diligencias de investigación más amplias.
Reacción de víctimas y crítica al Ministerio Público
La decisión provocó inmediatas reacciones de rechazo por parte de los abogados de las víctimas y del propio Ministerio Público. El procurador adjunto Wilson Camacho, quien representó la acusación, lamentó la medida adoptada por el tribunal, mientras que varios representantes legales de familiares de los fallecidos calificaron la decisión como una afrenta al dolor colectivo.
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“Esta medida es una burla para los familiares de los muertos y heridos. Estamos hablando de 236 personas fallecidas en condiciones trágicas y evitables, y lo que se impone es una garantía que pueden cubrir sin dificultad”, expresó uno de los abogados de las víctimas, quien pidió anonimato por razones de seguridad.
Poder económico e influencia mediática en el centro del debate
Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat son también propietarios de la cadena de radio RCC Media, una de las más influyentes del país, lo que ha elevado las sospechas sobre un posible tratamiento privilegiado. Diversos sectores de la sociedad han manifestado preocupación por lo que consideran una falta de proporcionalidad entre el daño causado y la respuesta judicial.
Los hechos ocurrieron en la noche del 8 de abril, cuando el techo del establecimiento colapsó durante un evento multitudinario. La tragedia dejó además más de 180 heridos, varios de ellos con lesiones permanentes, según informes forenses y hospitalarios.
La defensa de los imputados sostiene que la tragedia fue un accidente y que no existe una conducta dolosa atribuible a los propietarios. No obstante, el Ministerio Público asegura que hubo negligencia grave, violaciones al reglamento de edificaciones y sobrecupo de personas, lo que justifica una medida más severa.
Con el caso declarado complejo, se abre una etapa procesal más extensa donde se espera que salgan a la luz nuevos elementos probatorios. Mientras tanto, la sociedad dominicana observa con atención este proceso judicial que, por la magnitud de la tragedia y el perfil de los implicados, representa un reto institucional para la justicia y el sistema de responsabilidad penal empresarial.
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