Santo Domingo.- El Ministerio Público ha presentado una solicitud formal de medidas de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set Club, tras el colapso del techo que dejó 235 fallecidos, más de 180 heridos y al menos 130 niños huérfanos. La Fiscalía calificó los hechos como homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, sustentando la acusación en más de 130 medios de prueba.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, informó que desde el primer momento la procuradora general Yeni Berenice Reynoso dispuso los recursos necesarios para una investigación exhaustiva, con el objetivo de evitar cualquier tipo de impunidad.
Durante una audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Camacho afirmó que los imputados actuaron con «negligencia, irresponsabilidad y desprecio absoluto por la vida humana». Sostuvo que ignoraron advertencias explícitas de empleados sobre la inestabilidad estructural, priorizando el lucro por encima de la seguridad.
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Uno de los elementos más contundentes es la sobrecarga del techo, provocada por la instalación de seis aires acondicionados industriales de 15 y 20 toneladas, junto con tinacos de agua, sin contar con ningún estudio estructural. Además, los fiscales identificaron fallas críticas en la construcción, como la ausencia de columnas esenciales y anclajes deficientes, elementos que agravan la responsabilidad penal de los propietarios.
La investigación también reveló que Maribel Espaillat se negó a cancelar la actividad de esa noche, pese a que horas antes se reportó el desprendimiento de escombros, alegando que no podía suspender la fiesta sin Antonio. Esta decisión, según la fiscalía, contribuyó directamente a la tragedia.
En su solicitud de coerción, el Ministerio Público también destacó el riesgo de fuga e intimidación de testigos, indicando que estos elementos justifican la necesidad de prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel.
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El juez Rigoberto Sena acogió una solicitud de la defensa para posponer la audiencia, fijando su continuación para el próximo miércoles a las 11:00 a.m.
El caso ha provocado un duelo colectivo en la sociedad dominicana y reabre el debate sobre la responsabilidad empresarial, el rol de los controles técnicos en establecimientos de entretenimiento y la necesidad de políticas más estrictas de supervisión.
