DIARIO FINANCIERO.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, salió al paso este lunes a la ofensiva legal del Estado para revertir su descargo en el Caso Calamar, acusando al Gobierno de orquestar una «persecución política pura» y un episodio de «lawfare» destinado a sacarlo de la carrera por el Palacio Nacional.
La respuesta del exministro de Obras Públicas, emitida horas después del depósito del recurso a través de su cuenta en X, fija un punto de inflexión político en el caso de financiamiento ilícito de campaña que ha marcado al peledeísmo desde 2020 y que, hasta hace un mes, parecía cerrado en su contra.
El Movimiento Del Estado
El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) formalizó la apelación parcial a las 2:30 de la tarde ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El escrito apunta directamente a la resolución del 29 de mayo emitida por la jueza Altagracia Ramírez, que descargó a Castillo y le abrió la puerta para retomar su agenda política rumbo a 2028.
El órgano persecutor solicita a la Cámara Penal de la Corte de Apelación que revoque ese auto de no ha lugar, ordene la apertura a juicio de fondo contra Castillo, contra el exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y otros tres imputados, y mantenga vigentes las medidas de coerción que pesan sobre ellos, incluyendo el impedimento de salida del país y restricciones financieras.
El Argumento Técnico
El recurso del ERPP sostiene que la magistrada incurrió en errores de hecho y de derecho al valorar el expediente armado por el Ministerio Público. La objeción se concentra, según el escrito, en las pruebas que el órgano acusador entiende que vinculan a Castillo con el esquema de financiamiento de campaña bajo investigación, una pieza clave de la teoría del caso que la jueza descartó hace un mes.
El Cálculo Político
Para Castillo, el momento del recurso —apenas semanas después del descargo y en plena reconstrucción de su perfil presidencial— es la prueba de que la motivación es electoral. El exfuncionario aseguró que su proyecto político «no se detendrá» y enmarcó la apelación como un esfuerzo del oficialismo por neutralizar a uno de los precandidatos opositores con mayor capacidad de movilización dentro del PLD.
El expediente vuelve ahora a manos de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que deberá fijar la fecha de audiencia. El fallo, sea cual sea, marcará no solo el destino judicial del exministro sino también el equilibrio de fuerzas en la previa de las elecciones presidenciales de 2028.
