La Enmienda 19, que garantiza el voto femenino en Estados Unidos desde hace 106 años, ha vuelto a figurar en la conversación política a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, avivada por líderes del movimiento de nacionalismo cristiano e influencers conservadoras que proponen sustituir el sufragio individual por un modelo en que cada hogar emite un único voto bajo la representación del hombre. El debate sobre el voto femenino carece de viabilidad constitucional, pero ha ganado protagonismo en la política cultural de la campaña.
El camino legal para derogar la Enmienda 19 es prácticamente infranqueable: requiere la aprobación de una resolución conjunta por dos tercios de la Cámara y del Senado, o bien la convocatoria de una convención constitucional, y después la ratificación de 38 de los 50 estados. El único precedente comparable es la Enmienda 21, que anuló la ley seca, y ese proceso tomó 14 años. Aun así, la imposibilidad legal no ha frenado la circulación de la idea en espacios públicos de creciente alcance.
Del gabinete de defensa a los eventos de «liderazgo femenino»
El detonante llegó en agosto de 2025, cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, reprodujo en X un reportaje de CNN que cubría al pastor evangélico Douglas Wilson y su red denominacional, la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas (CREC), cuyos líderes respaldaban el modelo de sufragio familiar y, en algún caso, anunciaban intención de eliminar la Enmienda 19. El Pentágono emitió una aclaración posterior en la que indicó que Hegseth considera que las mujeres deben poder votar, pero la amplificación ya había ocurrido: la iglesia de Wilson es la misma a la que pertenece el propio secretario, lo que le confirió al asunto una plataforma institucional que no hubiera tenido de otra forma.
Meses después, el pastor Dale Partridge dijo en enero que el Congreso debía eliminar el sufragio femenino porque las mujeres son «demasiado empáticas»; en febrero anticipó en Instagram que la derogación se produciría en un horizonte de diez años. Wilson, por su parte, insistió en julio en una entrevista con NPR en que suprimir el voto femenino le parece «una buena idea» y en que el sufragio debería circunscribirse a los cabezas de familia masculinos.
En junio, el Women’s Leadership Summit de Turning Point USA celebrado en San Antonio, con cerca de 3,000 asistentes y encabezado por Erika Kirk, sirvió de escenario para intervenciones que defendían el sufragio por hogar. La influencer Savanna Faith Stone expuso allí un esquema en que el voto es un derecho de la unidad familiar administrado por el marido, y en que las mujeres solteras quedarían bajo tutela electoral de un pariente masculino, ya sea padre o hermano.
El juicio Clancy y la petición en Change.org
La controversia saltó a la conversación masiva en septiembre por una vía inesperada. El proceso judicial contra Lindsay Clancy, enfermera de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos, concluyó en juicio nulo después de que 11 de los 12 miembros del jurado, de composición mayoritariamente femenina, se inclinaran por declarar su inimputabilidad. La indignación pública que generó la composición del jurado se trasladó rápidamente a las redes como argumento en contra del sufragio femenino. El 5 de septiembre circuló en Change.org una petición que reclamaba derogar la Enmienda 19 invocando el caso Clancy y cuestionando la imparcialidad de las juradas.
La respuesta institucional fue más reveladora que la petición misma. Legisladoras republicanas salieron a desmarcarse públicamente y advirtieron que ese tipo de discurso podía traducirse en pérdida de votos para el partido el 3 de noviembre. La organización cristiana conservadora Concerned Women for America calificó la postura de Partridge de «perezosa, provocadora y políticamente analfabeta» y describió cualquier derogación real como «una imposibilidad política».
La brecha de género y el peso aritmético del 3 de noviembre
Ese martes, Estados Unidos renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernaciones, en una jornada en que las mujeres constituyen algo más de la mitad del padrón electoral y muestran preferencias claramente distintas a las de los hombres. La encuesta de Pew Research Center de julio de 2026 lo cuantifica: entre las mujeres registradas, el 45% inclina su intención de voto hacia el candidato demócrata al Congreso y el 33% hacia el republicano; entre los hombres registrados, los porcentajes se invierten, con el 42% apoyando al republicano y el 41% al demócrata.
Esa brecha revela el calado aritmético del modelo de sufragio por hogar, según recoge EFE en su análisis de la campaña: si cada familia emitiera un solo sufragio gestionado por su cabeza masculino, el peso relativo de los hombres en el electorado aumentaría de forma significativa en un momento en que ese segmento está prácticamente empatado entre los dos partidos. Los estrategas republicanos ven la propuesta, por esa razón, como una trampa electoral.
El contexto legislativo añade otra dimensión. En la papeleta del 3 de noviembre aparecen más de 140 medidas estatales distribuidas en 40 estados, entre las que se cuentan iniciativas de identificación con documento y restricciones de registro por ciudadanía. En paralelo, el Congreso debate el SAVE Act, que obligaría a presentar documentación de ciudadanía para inscribirse en el padrón. El efecto práctico de ese requisito recae de forma desproporcionada en las mujeres casadas que adoptaron el apellido de su cónyuge: su acta de nacimiento no coincide con el nombre que figura en sus demás documentos, una discrepancia que puede impedir su registro.
Juliet Williams, profesora de Estudios de Género de la UCLA, no anticipa una derogación próxima de la Enmienda 19, pero considera que el debate tiene peso real en estas elecciones, porque opera en el terreno de la agenda, la movilización y los límites de lo que resulta aceptable decir en público. La escritora que analizó esta corriente hace veinte años, consultada por EFE en los días previos a la cita electoral, resumió el momento con una sola frase: nunca imaginó que el derecho de las mujeres a votar pudiera debatirse «abiertamente en internet». La pregunta que queda abierta para después del 3 de noviembre es cuánta tolerancia hay en el electorado para restricciones de acceso al voto antes de que se conviertan en un lastre electoral, y si el Partido Republicano terminará o no cargando con el costo de que su ala más radical haga de ese asunto un tema de campaña.
