Washington (EFE).— La Administración de Donald Trump instruyó a las embajadas de Estados Unidos a “tomar nota” de aquellos países cuyas autoridades promuevan o financien el aborto, la eutanasia, el cambio de sexo en menores o políticas de diversidad, equidad e inclusión. Las directrices forman parte de las nuevas instrucciones del Departamento de Estado para los informes sobre derechos humanos en cada país de destino.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que “nuevas ideologías destructivas han dado refugio a violaciones de derechos humanos”, y advirtió que la administración no permitirá que “queden impunes” prácticas como la “mutilación de niños”, leyes que limiten la libertad de expresión o políticas laborales que discriminen por raza.
Alcance de las nuevas directrices
Según fuentes del Departamento de Estado, las embajadas deberán reportar:
Subvenciones estatales para abortos o fármacos abortivos.
Número total de interrupciones voluntarias del embarazo.
Políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Procesos de cambio de sexo en menores, catalogados como “mutilación química o quirúrgica”.
Cualquier intento de coaccionar a personas para someterse a eutanasia.
Investigaciones que afecten la libertad de expresión.
Violaciones a la libertad religiosa, especialmente casos de antisemitismo.
Prácticas que faciliten migración masiva o ilegal a través del país monitoreado.
Estas medidas se enmarcan dentro de la batalla ideológica impulsada por Trump contra lo que califica como “wokismo”, término usado para describir corrientes progresistas o ideas no conservadoras.
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Contexto del cambio
Este giro coincide con el último informe global de derechos humanos del Departamento de Estado, publicado en agosto, el cual omitió secciones habituales sobre derechos del colectivo LGTBI y corrupción, marcando un cambio en las prioridades de Washington.
Con las nuevas directrices, Estados Unidos busca ajustar el enfoque de sus reportes para alinearlos con las prioridades de la actual administración, obligando a las embajadas a una vigilancia más estricta en temas socialmente sensibles.
