La Junta Central Electoral (JCE) suspendió de manera temporal la aplicación del reglamento sobre publicación de encuestas electorales, que prohíbe difundir sondeos antes del inicio de la precampaña, mientras el Tribunal Superior Electoral (TSE) decide sobre las acciones legales interpuestas contra esa disposición.
La decisión fue aprobada por el pleno del organismo electoral y avalada por la Secretaría General el pasado 18 de junio. Con ella queda en pausa la aplicación del reglamento que entró en vigor el 22 de mayo, hasta que el TSE emita un fallo sobre los recursos sometidos por distintos sectores.
Entre las impugnaciones figura la presentada por Participación Ciudadana (PC), cuyo coordinador general solicitó eliminar la prohibición de realizar estudios de opinión fuera de los períodos oficiales de precampaña y campaña electoral.
También el presidente de ACD Media, Danny Alcántara, pidió a la JCE reconsiderar la norma al entender que vulnera disposiciones de la Constitución y excede las facultades otorgadas al órgano electoral por las leyes 20-23 del Régimen Electoral y 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Encuestas internas sí, difusión no
Pese a la suspensión del reglamento, la JCE recordó que las organizaciones políticas pueden contratar encuestas con fines electorales para uso interno antes del inicio de la precampaña y la campaña. No obstante, esas mediciones no podrán hacerse públicas antes del primer domingo de julio de 2027.
El organismo advirtió que la divulgación de esos estudios fuera del período permitido podría conllevar medidas cautelares o sanciones administrativas contra los partidos, aspirantes o empresas encuestadoras involucradas.
Sanciones previstas
El reglamento establece que las firmas encuestadoras que incumplan las disposiciones pueden enfrentar la suspensión temporal de su registro entre seis meses y un año, la cancelación definitiva en caso de reincidencia y otras sanciones contempladas en la legislación electoral.
Asimismo, las empresas deberán notificar a la JCE con al menos ocho días de anticipación la realización de encuestas durante el proceso electoral. El incumplimiento podría acarrear multas de entre uno y 200 salarios mínimos.
La normativa también dispone que las firmas registradas deberán mantener actualizada su documentación de manera anual. De no hacerlo, perderían su habilitación para realizar estudios con fines electorales.
